En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha explicado que el Gobierno actuará en dos ámbitos: buscando un pacto con las comunidades para redimensionar el sector público en todos los territorios y reduciendo, por su parte, el sector público que depende exclusivamente del Estado.

Según Sáenz de Santamaría, de los últimos datos de la intervención general del Estado se desprende que actualmente hay más de 4.000 entidades, empresas, fundaciones y consorcios que dependen de todas las administraciones públicas, lo que obliga a llevar a cabo una acción "compartida" que redunde en un mejor control del déficit público.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, será el encargado de convocar el CPFF y abordar con las comunidades el recorte del sector público. Para hacerlo, según ha dicho Sáenz de Santamaría, lo primero que hará Montoro será analizar el cumplimiento del objetivo que se había fijado en una reunión del consejo en 2010, reducir en 515 los organismos públicos.

"No se ha cumplido más de un 13%, unas 70 entidades de ese tipo", ha dicho la portavoz gubernamental, quien ha afirmado que la reunión también servirá para actualizar esos objetivos en función de las necesidades de cumplir con los objetivos de déficit, lo que deja abierta la puerta a un recorte mayor.

Por otro lado, para llevar a cabo la redimensión del sector público que depende del Estado, el Gobierno esperará a recibir una "información exhaustiva" sobre las empresas y entes públicos (patrimonio, empleados, altos cargos, etc.) para tomar decisiones sobre su mantenimiento, fusión, traspaso o posible enajenación.

ECONOMÍA, HACIENDA Y FOMENTO, LOS QUE MÁS EMPRESAS TIENEN

Sáenz de Santamaría ha aclarado que la mayor parte de las empresas públicas están vinculadas a los ministerios de Fomento, Economía y Hacienda, por lo que esperará a recibir la información de los subsecretarios de estos Departamentos antes de que acabe el mes de enero para tomar decisiones.

Por otro lado, la reunión del CPFF de enero también servirá para tratar con las comunidades el control del déficit y la posibilidad de que el Gobierno supervise los Presupuestos regionales, tal y como planteó ayer el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.

A su parecer, todas las comunidades han asumido un compromiso de cumplimiento con el déficit, de lo que se deduce que el control es una obligación de todas las administraciones desde la "máxima cooperación", porque es una cuestión "fundamental" para la economía y un compromiso asumido con Bruselas. "Europa somos todos", ha dicho, aunque es el Estado el que asume la responsabilidad de cumplir en nombre de todos.

SE DEBATIRÁ LA LEY DE ESTABILIDAD

En este sentido, Sáenz de Santamaría se ha referido a la reforma de la Constitución que establece límites de déficit y deuda y ha asegurado que la ley orgánica de estabilidad que se desarrollará para fijar techos de gasto y exigir responsabilidades a cada administración también se tratará en la reunión.

"Será uno de los temas incluidos en agenda del CPFF", ha subrayado, tras asegurar que la ley se elaborará hablando con todas las administraciones en el seno del CPFF, donde todas las comunidades podrán explicar "su opinión" sobre los distintos mecanismos que pueden sanear una situación que supone una "rémora" para el crecimiento y el empleo.

Además, según la portavoz, en la reunión se pondrá de manifiesto la situación de cada comunidad autónoma y el cumplimiento de los planes que presentaron para reducir el déficit regional, así como las necesidades que tiene cada una ante la caída de ingresos y el deterioro de la economía, que han generado problemas de liquidez y tesorería en algunas de ellas.