En comparecencia en el Parlament catalán, Ortega ha justificado la medida para garantizar la "sostenibilidad" del sistema, y ha admitido que la decisión se adoptará sin haber llegado a un acuerdo con los sindicatos de la función pública.

La medida tendrá una vigencia "temporal" y se aplicará tras publicarse en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) la ley de acompañamiento de los presupuestos que se aprobará el 15 de febrero, y quedan excluidos los interinos que trabajen en bomberos, agentes rurales, veterinarios de matadero y servicios penitenciarios.

La vicepresidenta no ha precisado cuantos años se prolongará la reducción de jornada y sueldo, y fuentes de Gobernación han asegurado que con esta medida la Generalitat ahorrará 32 millones de euros en 2012.

La reforma se materializará registrando una enmienda a la ley de acompañamiento que se está tramitando en el Parlamento catalán y que, con toda probabilidad, se aprobará gracias al ‘sí’ o la abstención del PP.

Esta reducción implicará, aproximadamente, que los interinos afectados trabajen una hora menos al día, y los primeros efectos en salario los notarán en la nómina de marzo.

Al afectar sólo a funcionarios administrativos y técnicos, Ortega ha recalcado que la medida no afectará ni a mossos, ni a profesores y ni a profesionales de la sanidad.

HERENCIA DEL TRIPARTITO.

El Gobierno catalán se escuda en dos elementos para justificar esta reducción, y es que con esta medida conseguirá mantener al "máximo" los puestos de trabajo, y señala que el tripartito aumentó de forma exagerada el número de trabajadores de la función pública.

Entre algunos de los datos que ha esgrimido Ortega, ha asegurado que el tripartito, entre 2004 y 2008, aumentó de poco más de 133.000 a casi 200.000 los trabajadores de la función pública.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN.

La oposición ha criticado con dureza esta decisión, y mientras la diputada del PSC Laia Bonet le ha recordado a Ortega que el Gobierno se comprometió a no tocar los salarios, el líder de ICV-EUiA, Joan Herrera, le ha reprochado al Ejecutivo recortar en desmesura sin revisar su política de ingresos.

Desde ERC, la diputada Violant Mascaró ha reprochado a Ortega que el Gobierno catalán sólo sabe transmitir incertidumbre a la función pública, mientras que el diputado de C’s Jordi Cañas ha sentenciado que "una función pública mal pagada pierde compromiso".

El diputado del PP Santi Rodríguez, partido con el que CiU negocia las cuentas, se ha limitado a decir que sería "bueno y necesario" que Gobierno y sindicatos llegaran a un acuerdo sobre estas cuestiones.