La consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria, Cristina Mazas, ha cifrado en cuatro euros por cántabro al mes el coste medio del incremento fiscal previsto en el Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos, principalmente a través de la implantación del tramo autonómico del impuesto sobre la venta minorista de hidrocarburos, conocido como ‘céntimo sanitario", y el aumento del canon de saneamiento y de la tasa de tratamiento de residuos sólidos urbanos.

Durante una interpelación del PRC sobre el ‘céntimo sanitario’, la consejera ha calculado el impacto del céntimo sanitario en ocho euros al mes aproximadamente para una familia –dos euros por persona–, con un importante uso y alto consumo del vehículo, que tiene que desplazarse todos los días de Santander hasta Torrelavega.

La consejera denunció que las 83.000 facturas de deuda hospitalaria que el anterior Gobierno dejó sin reconocer, afectan no sólo a grandes industrias farmacéuticas sino también a pequeñas y medianas empresas, entre ellas "más de un centenar" de Cantabria.

En cuanto al canon de saneamiento, señaló que la subida es del 30%, "muy inferior" a la promovida por el anterior Gobierno, que cifró en el 205%, y subrayó que "sigue quedando por debajo del coste del servicio". Según el Ejecutivo, la incidencia sobre el recibo del agua será de tres euros al mes por vivienda. Mientras tanto, la tasa de residuos "se traslada directamente" a los Ayuntamientos, que tendrán en su mano repercutirlo o no a los ciudadanos.

La diputada del PRC Alodia Blanco criticó los incumplimientos del PP que prometió bajar los impuestos y, sin embargo, ha creado "una auténtica ratonera fiscal", incrementando impuestos que gravan a todos los cántabros por igual y que en el caso del canon de saneamiento supondrá, según sus cálculos, 36 euros al año "aunque no abran el grifo". Además, alertó de la "caja de truenos" que se puede abrir si el Tribunal Europeo declara ilegal el impuesto sobre los hidrocarburos.

En alusión a las promesas incumplidas del PP, denunció que "habría que elevarlo a la categoría de delito electoral, porque es una tomadura de pelo como no se ha conocido en esta región", dijo.

LECCIONES DE DEMOCRACIA

En la sesión, el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha defendido el carácter estrictamente económico de su decisión de suprimir el Consejo Económico y Social (medida incluida en su plan de ajustes), por lo que ha rechazado "lecciones de democracia" de PSOE y PRC.

Diego ha precisado que las funciones que desempeñaba el CES, de carácter consultivo al Gobierno, a partir de ahora las desarrollarán, como marca la reglamentación, sus miembros, esto es, sindicatos y patronal.

Previamente, la socialista Rosa Eva Díaz Tezanos, exconsejera de Educación, había denunciado que el PP está llevando a cabo una "limpieza de organismos independientes", como el Consejo de la Mujer o el de la Juventud, a los que se ha querido "imponer la Ley del Silencio".

Y en el caso cántabro, lo ha enmarcado en el "talante poco democrático" de Diego, enumerando ejemplos como sus apelaciones a los diputados "que pueden hablar y los que no" o a pedir "perdón", además de los mensajes al rector de la UC cuando respaldó el plan eólico.

Por eso, ha considerado que Diego ha usado la crisis como "coartada" y "excusa" para suprimir unos entes que "le estorbaban", ya que si, el motivo fuera el ahorro, ha opinado, hubiera buscado alternativas.

Por el contrario, Diego ha insistido en que las razones "sólo" son económicas, y, en concreto, "razones de pervivencia de la autonomía que se anteponen a la pervivencia de los consejos".

Además, Diego ha reivindicado las formas en que ha ejecutado esa medida: tras estudiar las alternativas, aprobándolo en Consejo de Gobierno, comunicándoselo a los afectados directamente y abordando posibilidades con ellos, y, finalmente, exponiéndolas en el Parlamento, como ha hecho este lunes.

"Este Gobierno no acepta lecciones de democracia de nadie, ustedes no están legitimados en absoluto para darlas", le ha espetado Diego a Díaz Tezanos.

"BARBARIDAD PEDAGÓGICA"

En cuanto a otra de las medidas incluidas en el Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos, la ampliación de la proporción de alumnos por profesor, supondrá que se queden sin empleo 80 interinos, unos datos que la oposición regionalista ha cuestionado, ampliándolo hasta los aproximadamente 400.

Desde el PRC, Teresa Noceda ha criticado esta "absoluta barbaridad pedagógica" que hará "retroceder 30 años a la enseñanza", y que perjudicará a la calidad de la docencia, en un recorte "tan brutal" que "obligará a los profesores a impartir asignaturas para los que no están preparados".

El consejero ha instado a "no confundir recortes con ahorro", recortes como los que "iban a hacer ustedes", en alusión al plan de reequilibrio que dejó aprobado el anterior Gobierno y que no se llegó a ejecutar.

Serna ha admitido que esta medida "no mejora la calidad", pero ha defendido que "tampoco la empeora", y ha precisado que los interinos que pierdan su trabajo el próximo curso "no tendrán ningún problema en reincorporarse a la educación pública el curso siguiente".