El PP ha introducido una enmienda en el Senado al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013 para que el reconocimiento y el mantenimiento del complemento a mínimos se ligue "en todo momento" a la declaración efectuada por el pensionista de los ingresos que vaya a percibir durante el año en el que cobrará dicho complemento.

Actualmente, el requisito de ingresos establecidos para tener derecho al complemento de mínimos se da por acreditado tomando en consideración los ingresos que el pensionista obtuvo en el ejercicio anterior.

Sin embargo, argumenta el PP, cuando se efectúa de oficio el control de los complementos a mínimos percibidos en función de los datos obtenidos por las administraciones tributarias "puede detectarse que en el año de percepción del complemento sí se superó el límite de ingresos establecido", determinándose que el cobro ha sido indebido, con la reclamación de deuda correspondiente al pensionista.

Para acabar con ese "grado de inseguridad" en los perceptores de complementos a mínimos, el PP ha presentado una enmienda con el que suprime dos apartados del artículo 47 de la Ley de Presupuestos para 2013. Dichos artículos, citaban los ingresos de 2012 como baremo para tener derecho o no al complemento a mínimos. La idea ahora es que los ingresos que se tomen de referencia sean los del mismo año en los que se cobra el complemento.

En su enmienda al texto, el PP señala que, además, "en el Real Decreto de Revalorización de Pensiones para 2013" se regulará la obligación del pensionista de comunicar en el plazo de un mes la percepción de rentas acumuladas en el ejercicio corriente superiores al límite vigente para dicho año.

En materia de Seguridad Social, el Grupo Popular ha incorporado otra enmienda, de adición, a los PGE para que los convenios de control de la incapacidad temporal entre entidades gestoras de la Seguridad Social y las comunidades autónomas requieran la aprobación previa del Consejo de Ministros.

La enmienda precisa que en dichos convenios podrá incluirse el anticipo de hasta la cuantía total del importe previsto en el convenio para financiar las actuaciones a desarrollar por las comunidades autónomas.