La estrategia se asienta sobre los principios de no discriminación, igualdad de trato ante la Ley de igualdad de oportunidades, vida independiente, normalización, accesibilidad universal, diseño para todos, diálogo civil, transversalidad de las políticas de discapacidad, participación y responsabilidad pública.

Según explica el Gobierno, el propósito de esta iniciativa es facilitar que todas las personas con discapacidad puedan disfrutar de todos sus derechos y que tanto la sociedad en su conjunto como las propias personas con discapacidad puedan beneficiarse plenamente de la aportación de éstos en la economía y la vida social.

El documento define unas medidas estratégicas que se concretan en tareas y actuaciones temporalizadas centradas fundamentalmente en el mercado laboral, educación y pobreza y exclusión social. Se configuran dos etapas temporales: una, inicial, de 2012 a 2015; otra final, de 2016 a 2020. Además, el seguimiento y control de la Estrategia se hará a través del Consejo Nacional de Discapacidad.