El Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020, un documento que dotará de un marco común de referencia que permitirá armonizar las distintas actuaciones que, en relación con la Responsabilidad Social, se están desarrollando, tanto en el ámbito público, como en el privado, según el Ministerio de Empleo.

Se trata de una actuación que responde a las recomendaciones plasmadas en la Estrategia Renovada de la Unión Europea sobre Responsabilidad Social de las Empresas (RSE), que insta a los países miembros a impulsar políticas nacionales en materia de RSE y que compromete a las empresas, las administraciones públicas y al resto de organizaciones para avanzar hacia una sociedad y una economía más competitiva, productiva, sostenible e integradora.

El documento ha sido elaborado por los cuatro grupos que componen el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (administraciones públicas, empresas, sindicatos y sociedad civil organizada), además de otros Ministerios, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, responsables de RSE de grandes empresas y expertos académicos.

Acciones

– Reforzar y alinear los compromisos de las empresas y de las Administraciones públicas con las necesidades y preocupaciones de la sociedad española, entre las que se encuentra la generación de empleo.

– Contribuir a reforzar los modelos de gestión sostenibles que ayuden a las empresas a ser más competitivas y a las administraciones públicas más eficientes.

– Potenciar aquellos programas de responsabilidad social que impulsen la MARCA ESPAÑA, la credibilidad internacional y la competitividad de la economía española, junto a la sostenibilidad y la cohesión social.

El borrador de la Estrategia fue aprobado en la sesión plenaria del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas que se celebró el pasado 16 de julio y fue sometido a un proceso de información pública.

Estructura

La Estrategia parte de seis principios, marca cuatro objetivos estratégicos y diez líneas de actuación con sus correspondientes medidas que confluyen en una visión: apoyar el desarrollo de las prácticas responsables de las organizaciones públicas y privadas, con el fin de que se constituyan en un motor significativo de la competitividad del país y de su transformación hacia una sociedad y una economía más productiva, sostenible e integradora.

Principios

– Competitividad. La puesta en marcha de actuaciones en materia de Responsabilidad Social se puede identificar también como una apuesta por la excelencia en la gestión de las empresas que redunda en la mejora de su posicionamiento en el mercado, en su productividad, rentabilidad y sostenibilidad.

– Cohesión Social. La RSE debe aumentar la eficacia de las organizaciones en la promoción de la igualdad de oportunidades y la inclusión social.

– Creación de valor compartido. La aplicación de los criterios y valores de la RSE, en colaboración efectiva con los grupos de interés, contribuye a generar y reforzar el impacto positivo. Debe, al mismo tiempo, contribuir a identificar, prevenir y eliminar los impactos negativos y crear más valor, no sólo para la propia organización que los aplica, sino también para aquellos con los que lo comparte que son los principales grupos de interés involucrados en su actividad y la sociedad en general.

El objetivo de dicha aplicación debe ser maximizar la creación de valor compartido para sus propietarios y/o accionistas y para las demás partes interesadas y la sociedad en sentido amplio, con el fin de identificar, prevenir y atenuar sus posibles consecuencias adversas.

– Sostenibilidad. La RSE se constituye como un instrumento para desarrollar organizaciones conscientes de su papel principal en el logro de un desarrollo humano, económico, y medioambiental sostenido en el tiempo para las sociedades en las que se integran.

– Transparencia. La RSE contribuye a promover organizaciones ejemplares y transparentes, lo que redunda en un aumento de la credibilidad y de la confianza. Las empresas y organizaciones socialmente responsables dialogan con sus interlocutores y adquieren compromisos con sus grupos de interés, lo que facilita que éstos puedan tomar decisiones mejor informadas. Ello repercute de manera directa en su reputación de cara al resto de la sociedad.

– Voluntariedad. La adopción de políticas de responsabilidad social es voluntaria, requiere un compromiso y supone un valor añadido al cumplimiento de la normativa vigente. El compromiso asumido voluntariamente con las partes interesadas debe ser la base del cumplimiento de las expectativas que generen las organizaciones.

Objetivos

– Impulsar y promover la RSE, tanto en las empresas, incluidas las PYMES, como en el resto de organizaciones públicas y privadas, en sus actuaciones en los diversos ámbitos geográficos en los que operan.

– Identificar y promover la Responsabilidad Social como atributo de competitividad, de sostenibilidad y de cohesión social.

– Difundir los valores de la RSE en el conjunto de la sociedad.

– Crear un marco de referencia común para todo el territorio en materia de Responsabilidad Social de las Empresas, que garantice el cumplimiento y respeto de los principios de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, del 9 de diciembre de 2013, y permita una mayor coordinación y sinergias en esta materia.

Líneas de actuación

– Promoción de la RSE como elemento impulsor de organizaciones más sostenibles. El objetivo de esta línea de actuación es extender la cultura de la Responsabilidad Social al conjunto de la sociedad a través de actuaciones como la promoción de sus principios, de las recomendaciones de consenso internacional en esta materia y la difusión de buenas prácticas en este ámbito.

Entre las medidas que incluye, y para mejorar la transparencia y favorecer que tanto las empresas como el resto de las organizaciones puedan hacer públicos sus informes de responsabilidad social y sostenibilidad, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social pondrá en marcha en los próximos meses una herramienta telemática y un procedimiento de publicación de las memorias e informes de responsabilidad social y sostenibilidad que realicen las empresas sin cargas administrativas adicionales.

Estas memorias, y sus correspondientes verificaciones cuando las hubiere, serán publicadas en el Portal de la Responsabilidad Social, un nuevo espacio que se ubicará en la web del propio Ministerio y que dará visibilidad a las memorias de RSE y sostenibilidad de forma sistemática y facilitará la identificación y divulgación de prácticas responsables.

Además, se continuará impulsando los reconocimientos y las prácticas empresariales socialmente responsables. En este contexto, figura el sello de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, un reconocimiento que ya tienen más de 600 entidades públicas y privadas que han puesto en marcha planes de actuación por valor de más de 550 millones de euros, que se suman a los recursos públicos de fomento del empleo entre los jóvenes.

– Integración de la RSE en la educación, la formación y en la investigación. En este sentido, se prevén actuaciones como la próxima firma de un convenio con las entidades representativas de la Economía Social para extender y afianzar los principios de la Responsabilidad Social en los colegios organizados bajo la fórmula de cooperativas de enseñanza.

– Buen Gobierno y transparencia como instrumentos para el aumento de la confianza. El objeto de esta línea de actuación es extender las prácticas de buen gobierno, el comportamiento ético y la transparencia.

En este ámbito existen cuatro proyectos ya emprendidos; la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno; la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito, que introduce reformas en materia de gobierno corporativo; el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del Gobierno Corporativo; y la futura Ley de Mutuas, por la cual ningún directivo de las mutuas de accidentes y contingencias profesionales podrá cobrar, entre retribuciones básicas y complementarias, más de lo que gana el titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Entre las medidas que incluye se encuentran también el fomento de la elaboración de informes anuales integrados que incorporen, de forma transparente la información de aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno, y la constitución de un grupo de trabajo interministerial para la trasposición de la nueva Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre divulgación de información no financiera e información sobre la diversidad al ordenamiento jurídico español.

Asimismo, se han puesto en marcha otras medidas de este ámbito como el fomento de la fiscalidad responsable en las organizaciones, el impulso de actuaciones dirigidas a combatir el fraude, tanto laboral como fiscal, y la economía sumergida, y el desarrollo de programas de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción en todas las organizaciones.

– Gestión responsable de los recursos humanos y fomento del empleo. En este ámbito, figuran aquellas medidas dirigidas a favorecer la igualdad de oportunidades y la diversidad en las plantillas, la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y a aquellas actuaciones cuyo objetivo es facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores y la corresponsabilidad en la asunción de responsabilidades familiares y de cuidado. De forma particular, se puede destacar, por parte de los Ministerios de Empleo, Seguridad Social y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la presentación de un Plan especial para la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito laboral y contra la discriminación salarial y se seguirá potenciando la contratación indefinida.

– Inversión socialmente responsable e I+D+i. En este apartado está prevista la elaboración de una guía de buenas prácticas que sirva de instrumento para la inclusión, difusión y seguimiento de criterios éticos, ambientales, sociales, de derechos humanos y de buen gobierno en las políticas de inversión de productos financieros y de ahorro, así como impulsar la inversión socialmente responsable por parte de los pequeños inversores.

Por ello, y entre las medidas que se incluyen en la sexta línea de actuación se encuentran las siguientes: continuar impulsando la puesta en marcha de iniciativas dirigidas a que, tanto las empresas como las administraciones públicas, satisfagan sus compromisos con sus proveedores, especialmente en los plazos de abono de las facturas; instar a todas las administraciones públicas a que adapten sus criterios de solvencia técnica y económica en los procedimientos de licitación pública, al fomento del emprendimiento; y fomentar la incorporación de cláusulas sociales y medioambientales en las licitaciones y adquisiciones públicas.

– Consumo responsable. En esta línea de actuación se introducen medidas para sensibilizar, concienciar y hacer partícipe al consumidor en su toma de decisiones, lo que contribuirá, por un lado, a extender las prácticas de responsabilidad empresarial como requisitos de negocio; y, por otro, a la promoción de una sociedad más sostenible, ecológica y solidaria.

En este ámbito la Estrategia incluye medidas como la utilización del etiquetado como instrumento de información al consumidor y herramienta informativa del cumplimiento de criterios de sostenibilidad y la elaboración de un código de buenas prácticas sobre información para evitar la comunicación y/o la publicidad no veraz.

– Respeto al medio ambiente. En este contexto, la Estrategia contempla medidas dirigidas a fomentar el respeto por el entorno mediante la puesta en marcha de actuaciones referentes al control y consumo responsable de recursos naturales, la minimización del impacto ambiental, o el impulso de las tecnologías limpias, entre otras.

– Cooperación al desarrollo: esta línea estratégica trata de promover la coordinación y la participación de los distintos agentes implicados en el objetivo de poner en valor el desempeño responsable de empresas españolas para favorecer la cohesión social y destacar su papel como aliadas en el desarrollo de la cooperación española con actuaciones encaminadas a cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio y, especialmente, a la defensa y protección de los derechos humanos de las comunidades.

– Coordinación y participación. En esta línea de actuación se articulan los mecanismos de coordinación entre las distintas administraciones públicas, tanto a nivel autonómico como local, con objeto de promover los principios y criterios de la Responsabilidad Social, así como fomentar el intercambio de experiencias con otros países.

Contempla medidas como la creación de un grupo de trabajo dentro de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales para garantizar la armonización y unidad de mercado en esta materia y la promoción de la RSE en todo el territorio.

Además, se extenderá y promoverá la RSE a través de iniciativas como la actual Red de Territorios Socialmente Responsables (RED RETOS) y la creación de una Red de Responsables Públicos de Fomento de la Responsabilidad Social que compartan buenas prácticas e impulsen la RSE en todo el territorio desde cualquier ámbito de la Administración.

Por último, a través del Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas, se pondrá en marcha de forma inminente el Observatorio de la Responsabilidad Social de las Empresas, que estará coordinado por la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Seguimiento y Evaluación

El documento incluye, además, una clasificación de las sesenta medidas que contempla según su prioridad (trece son de prioridad muy alta, diecisiete son de prioridad alta y treinta son de prioridad media) y determina qué entidades son las encargadas de impulsar y poner en marcha cada una de las actuaciones.

Además, y con el objeto de hacer un seguimiento de cada una de las medidas, la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas realizará un informe anual que se presentará al Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas y a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales para su posterior evaluación.