El Consejo de Ministros aprobará este viernes un anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que limita el tiempo de instrucción de los delitos a seis meses, prorrogables a 18 con excepciones muy justificadas. Además, amplía a un máximo de dos años la intervención de las comunicaciones, entre las que se incluyen mensajes SMS y correo electrónico, según confirmaron a Europa Press fuentes gubernamentales.

Apenas dos meses después de haber tomado posesión como titular de Justicia, Rafael Catalá llevará a la mesa del Consejo de Ministros un texto que selecciona algunos de los puntos más urgentes de la propuesta que fue defendida por su antecesor Alberto Ruiz-Gallardón a partir de las ideas de una comisión de expertos.

El Gobierno aparca el eje principal de aquella reforma que giraba en torno a la figura del ‘fiscal instructor’, algo que ya planteó el Gobierno socialista sin haber llegado tampoco a buen puerto. Cuando queda apenas un año de legislatura y un periodo de sesiones completo –de febrero a junio de 2015–, considera urgente mejorar la interceptación de las comunicaciones y agilizar los procesos judiciales.

En este sentido, simplificará la tramitación procesal para evitar la concatenación de piezas en los ‘macroprocesos’ y limitará la instrucción en las causas más simples a seis meses y a un plazo de 18 meses en las más complejas, como las que afectan a organizaciones criminales, terrorismo o exijan el análisis de abundante documentación o de actuaciones en el extranjero donde la respuesta a las comisiones rogatorias no depende del juez.

"Esas reglas podrán ampliarse cuando así lo considere el órgano instructor y también la fiscalía informe favorablemente", ha precisado el mismo Catalá este jueves tras participar en el Consejo de Justicia de la Unión Europea.

Definición de imputado

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla un plazo de tres meses a dos años para intervenir las comunicaciones que se realicen a través de un teléfono o sistema de comunicación telemática. Además, incorporará la jurisprudencia en esta materia dictada por el Tribunal Constitucional, que recientemente prohibió grabar las conversaciones de los detenidos en los calabozos algo que afectó al ‘caso Asunta’.

El Ministerio de Justicia también se ha puesto en contacto de lingüistas para eliminar la carga negativa del término ‘imputado’ y trabaja por introducir la doble instancia penal, de forma que las sentencias dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales puedan ser revisadas por las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia.

Catalá ha apostado también por que las denuncias sobre hechos sin autor conocido no lleguen a los juzgados y por reformar el juicio rápido para delitos de seguridad vial, al tiempo que ha abogado por el recurso de revisión para articular las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Prórrogas, archivos o investigaciones fallidas

Por contra, no ve imprescindible aumentar la plantilla de los juzgados. Algo que es cuestionado por jueces, consultados por Europa Press, que advierten de que los plazos que actualmente contempla la ley para dictar determinadas resoluciones son imposibles de cumplir si no se aumentan los medios.

Por ello, alertan de que limitar el tiempo de instrucción puede llevar a sobreseimientos e investigaciones penales fallidas o a muy probablemente la prórroga automática de casi todos los casos complejos. Con todo, creen que el plazo de intercepción de las comunicaciones y de prisión preventiva –que ahora se extiende a los cuatro años– debe ser estudiado conjuntamente con el de instrucción de los delitos.

El pasado jueves, durante el debate sobre las medidas anticorrupción celebrado en el Congreso, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy ya avanzó que la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se aprobaría "en fechas inmediatas" y que era "imprescindible" ganar en agilidad y eficacia.

"Somos conscientes de que la Justicia ha de ser rápida porque una Justicia tardía pierde eficacia y despierta una gran desconfianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho", señaló.

"De lo que se trata, en suma, es que deje de ser noticia esa eternidad que supone el enjuiciamiento de determinados delitos económicos complejos, o la imposibilidad de localidad y despojar al condenado de los bienes con los que ilícitamente se ha enriquecido. Es preferible juzgar con rapidez, recuperarlo todo y reparar el daño", manifestó Rajoy.