De esta cuantía, 522,6 millones de euros correspondieron al pago de salarios, un 16,7% más que en 2010, mientras que 980,3 millones se dedicaron al pago de indemnizaciones, con un repunte del 16,8% respecto al ejercicio inmediatamente anterior.

En 2011, el Fogasa abonó 608,5 millones de euros, un 19,3% más, en prestaciones derivadas de ejecuciones laborales, en las que se incluyen los salarios e indemnizaciones pendientes de pago motivados por la declaración de insolvencia provisional o definitiva de las empresas.

Por su parte, el organismo dedicó algo más de 598 millones, un 13,8% más que en 2010, a prestaciones derivadas de procedimientos concursales (salarios e indemnizaciones fruto de la suspensión de pagos, quiebra y concurso de empresas, así como procedimientos transnacionales).

Asimismo, destinó 293,2 millones de euros para pagar las indemnizaciones que son de su responsabilidad directa y para las que no se requiere la declaración de insolvencia o concurso de la empresa. En este apartado se incluyen parte de las indemnizaciones por despido objetivo o extinción colectiva en empresas de menos de 25 trabajadores y las asignadas por la autoridad laboral en regulaciones de empleo.

MÁS DE 252.000 BENEFICIARIOS.

Según los datos del Ministerio, un total de 252.158 trabajadores percibieron prestaciones en 2011, un 8,3% más que un año antes, y los expedientes resueltos afectaron a 78.366 empresas, lo que supone un incremento del 15,2% sobre 2010.

Entre los perceptores de las prestaciones abonadas por el Fogasa en 2011, el 25% pertenecían a la construcción, con 62.966 beneficiarios, mientras que el 20,8% trabajaban en los otros servicios (52.517), el 20,7% en la industria manufacturera (52.397 beneficiarios), y el 12,2% en el comercio mayorista y minorista y reparación de vehículos a motor (30.904).

CATALUÑA Y MADRID, A LA CABEZA.

Las comunidades autónomas que absorbieron la mayor parte de las prestaciones del Fogasa en 2011 fueron Cataluña (359 millones), Madrid (201,1 millones), Comunidad Valenciana (191,4 millones), Andalucía (149,2 millones) y País Vasco (129 millones).

Le siguieron las regiones de Galicia (75 millones), Castilla y León (61,1 millones), Canarias (57,9 millones), Castilla-La Mancha (54 millones), Murcia (49,8 millones), Aragón (47 millones), Navarra (29,1 millones), Asturias (27,8 millones), Baleares (25,2 millones), Extremadura (17,7 millones), Cantabria (14,7 millones), La Rioja (9,4 millones), y Ceuta y Melilla (710.800 euros).