El decreto ley ha sido respaldado por PP y CiU, como ya ocurrió con la convalidación del anterior decreto que sentaba las bases para que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas elaborara las especificidades a las que deberán acogerse estas corporaciones. Sin embargo, a diferencia de la otra vez, no ha tenido el apoyo del PSOE, que ha optado por la abstención, junto con UPyD y PNV.

La posición de las formaciones más contrarias al primer decreto ley de pago a proveedores –la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ERC, BNG y Compromís– no se han expresado en el Pleno del Congreso de este jueves al haber secundado los diputados de estos partidos la huelga general contra la reforma laboral.

El Pleno también ha votado la tramitación del decreto como proyecto de ley, ya que ha sido solicitado por varios grupos parlamentarios. En este caso, la iniciativa ha sido rechazada por 182 votos contra 122.

Aunque el decreto que especifica el mecanismo de pago a proveedores ha sido elaborado por el Ministerio de Hacienda, ha sido el responsable de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, el encargado de defenderlo en el Pleno.

A su juicio, este plan permitirá "resolver uno de los mayores problemas" que ha dejado la crisis, como es el de la financiación de las entidades locales, por lo que considera que su aplicación "con rapidez" es "imprescindible" para otorgarles liquidez y que ésta repercuta en pymes y autónomos.

Tras explicar los detalles del decreto, De Guindos ya se han acogido más de 4.600 ayuntamientos, que han presentado casi dos millones de facturas pendientes por valor de 9.584 millones de euros que deben a 167.000 proveedores.

Interés por debajo del 5%.

Los préstamos, que concederán los bancos con la participación del Instituto de Crédito Oficial (ICO), estarán avalados por el Tesoro Público que, a su vez, contará con la contragarantía de la Participación en los Ingresos del Estado de los ayuntamientos. La devolución de las cantidades que reciba cada entidad local deberá hacerse en diez años, con dos ejercicios de carencia.

Queda por especificar el tipo de interés de los préstamos, pero De Guindos ha garantizado que se situará "por debajo" del 5% a pesar de que Hacienda no lo ha concretado en ningún momento. Sin embargo, el diputado socialista Gaspar Zarrías ha denunciado que todavía no se conoce la cifra final, que deberá decidir la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

A su juicio, "no es de recibo" plantear un interés del 5% cuando la devolución de los créditos que pidan comunidades autónomas y ayuntamientos se extenderá hasta diez años. Aún así, ha advertido de que no se quedará ahí: según sus cálculos, ha afirmado que el tipo de interés "no bajará del 6%".

Por ello, Zarrías ha denunciado que se trata de un "mecanismo caro, injusto y chapucero" que ha hecho que ayuntamientos como Málaga, Barcelona o Vigo no se hayan adherido, por lo que ha pedido al Ejecutivo un "esfuerzo" para estas corporaciones que "tienen que seguir pagando nóminas y prestar servicios públicos a los ciudadanos".

Comisión de seguimiento.

Como en el debate del primer decreto, el diputado del PSOE ha pedido que el decreto se tramite como proyecto de ley y que se ponga en marcha en el Congreso una comisión o subcomisión para realizar un "control exhaustivo" de la asignación de créditos y la aprobación de los planes de ajuste que los ayuntamientos y comunidades han de presentar para explicar cómo van a hacer frente a los pagos.

Ésta ha sido una de las peticiones que también ha hecho el portavoz de Economía de UPyD, Álvaro Anchuelo, al tiempo que, como otros grupos políticos, ha reclamado al Gobierno que el "color político" de los ayuntamientos no influya en la aprobación de sus planes de ajuste.

Aunque Anchuelo ha justificado la abstención de UPyD por no querer otorgar un "cheque en blanco" para "rescates" de administraciones públicas, sí ha valorado que el Ejecutivo haya aclarado en este segundo decreto el papel que jugarán los interventores de los ayuntamientos a la hora de elaborar los planes de ajuste, dejando claro que no sustituirán a los equipos de Gobierno o plenos municipales.

Este punto también ha sido bien visto por CiU, cuyo portavoz, Antoni Picó, ha señalado que esta aclaración "garantizará la autonomía" de los municipios, por lo que ha comprometido su apoyo al decreto, ya que también, en su opinión, ayudará a "salvar muchos puestos de trabajo" y a que no cierren muchas pymes y autónomos.

Por último, el diputado del PP Juan José Matarí ha afirmado que con este mecanismo de pago a proveedores el Gobierno "cumple uno de sus compromisos electorales", como es "apoyar a las pymes y los autónomos", que "en pocas semanas podrán cobrar los miles de millones de euros que le adeudan las administraciones y así poder salvar empleos".

A su juicio, "no ha sido tarea fácil" y la "prueba" es que "algunos no lo hicieron", en alusión a Gaspar Zarrías, que fue secretario de Estado de Cooperación Territorial en el anterior Gobierno. "Pero el PP lo ha hecho en 100 días. Y lo más importante es que mandamos un mensaje de confianza en la economía española", ha apuntado.