En concreto, el informe señala que si las ETT elevaran su tasa de penetración en el total de la contratación temporal desde el 15% actual hasta el 30%, el Estado se ahorraría 329 millones de euros en políticas activas de empleo y 1.551 millones de euros en prestaciones por desempleo, al tiempo que recaudaría unos 1.722 millones de euros en impuestos (IVA, IRPF y cotizaciones sociales).

Según Afi, los indicadores de empleo también mejorarían si este ejercicio hipotético se llevara a la práctica, pues la tasa de temporalidad se reduciría en cerca de cinco puntos (hasta el 20%), el total de contratos temporales descendería un 24%, el paro bajaría en más de un punto (hasta el 23,3%) y afloraría el 1% de la economía sumergida.

El efecto recaudatorio y de ahorro y el impacto sobre los indicadores de empleo aún sería mayor si la tasa de penetración de las ETT se incrementara por encima de ese hipotético 30%.

Así, de acuerdo con los cálculos de Afi, los recursos del Estado aumentarían en 17.322 millones de euros si las ETT gestionaran el 50% de todos los contratos temporales, se elevarían en 28.233 millones si alcanzaran una tasa de penetración del 70% y subirían en 41.689 millones si su tasa de penetración fuera del 100%.

Al mismo tiempo, se notarían importantes mejoras en los indicadores de empleo. La tasa de paro bajaría hasta el 17,9% con una tasa de penetración plena (del 100%), hasta el 20,2% con una tasa de penetración muy alta (del 70%) y hasta el 21,7% con una tasa de penetración alta (50%).

A la luz de estos datos y ante la delicada situación de las cuentas públicas, Agett señala que el Gobierno "no puede dejar pasar las oportunidades que tiene a su alcance", sobre todo si además de ahorrar mejoran las cifras de empleo.

"Ya es hora de que España se asemeje a la realidad del resto de países de nuestro entorno. Los datos ponen de manifiesto que una mayor presencia de estas empresas sólo puede traer beneficios al cada vez más debilitado mercado laboral español", subraya Agett.

Esta patronal recuerda además que España sigue sin transponer a su ordenamiento jurídico la directiva europea que obliga a todos los Estados miembros a revisar las prohibiciones y limitaciones impuestas a las ETT. Agett recuerda que se está empezando a estudiar la posibilidad de emprender medias legales hacia los países que todavía no han implementado esta directiva, como en el caso de Chipre.