Según explican, el objetivo de esta intervención es que se adopten los "acuerdos necesarios" dentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), que "permitan garantizar en todos los casos, el derecho de los ciudadanos a las prestaciones sanitarias que ofrece dicho sistema, con independencia del lugar del territorio nacional en el que se encuentren".

Asimismo, destaca que son "especialmente" preocupantes tanto las limitaciones en el acceso a consultas de atención especializada, como la situación de los enfermos crónicos sometidos a un estricto tratamiento farmacológico, que en sus desplazamientos temporales a otra comunidad distinta de la que residen, no pueden acceder a los medicamentos que ineludiblemente precisan.

Por este motivo, ya ha recordado al ministerio que la Ley General de Sanidad, declara que "el acceso a las prestaciones sanitarias debe efectuarse en condiciones de igualdad efectiva y que las políticas en salud deben orientarse a la supresión de las desigualdades territoriales y sociales"; al igual que la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que establece el marco legal que debe presidir la coordinación y cooperación de las administraciones públicas sanitarias, "en aras de garantizar la equidad, la calidad y la participación social en el ámbito sanitario".

En este sentido, recuerda, en el último informe anual presentado por la Institución a las Cortes Generales, correspondiente al ejercicio 2010, se dejaba constancia del "todavía insuficiente desarrollo e incompleta implantación de determinados instrumentos necesarios" para lograr sistemas de información compartidos por todos los servicios de salud (entre otros, tarjeta sanitaria y receta electrónica comunes). "Una situación que puede dar lugar a una limitación en la movilidad de los usuarios en el conjunto de dicho sistema", concluye.