El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha sido el encargado de defender el proyecto, que se deriva del acuerdo de reforma constitucional alcanzado el pasado mes de agosto por los dos partidos mayoritarios para fijar en la Carta Magna un techo de déficit y de deuda para las administraciones públicas.

Según Montoro, con esta ley, que también traslada a la legislación española el Pacto Fiscal Europeo, el país conseguirá "recuperar la credibilidad" y, así, "salir cuanto antes de la crisis". "El mensaje que queremos lanzar es que todos estamos a lo mismo, sin fisuras, sin dudas, sin recovecos y sin planteamientos alternativos. Éste es un paso importante para que España sea fiable ante sus socios europeos y ante las finanzas internacionales", ha añadido.

A renglón seguido, ha intentado convencer una vez más a socialistas y nacionalistas de que apoyaran la normativa, tras más de una semana de infructuosas negociaciones con el PSOE a cuenta del límite marcado para el déficit, del cero por ciento en 2020, frente al 0,4 por ciento que, según los socialistas, se acordó en verano. Esa cifra queda ahora limitada a los casos excepcionales o a las reformas estructurales que tengan impacto presupuestario a largo plazo.

Así, Montoro ha recordado que la situación económica es "enormemente frágil y delicada" y que no se puede "titubear" en la adopción de reformas. "Por eso espero el compromiso de los grupos y que no se oculten tras supuestos incumplimientos ni supuestos sentimientos aislacionistas. Quien lo haga, será su responsabilidad", ha zanjado.

Abstención por responsabilidad

Sin embargo, estas peticiones no han cambiado el parecer de los socialistas, que no han presentado enmienda de devolución propia y han optado por abstenerse en la votación de las enmiendas de devolución "por responsabilidad, porque tiene que haber una ley de estabilidad presupuestaria y porque los servicios públicos no pueden ser financiados con deuda de manera ilimitada".

"Pero queremos que el PP vuelva al acuerdo político y, si se mantiene el proyecto de ley tal y como está redactado, votaremos en contra", ha advertido el socialista Pedro Saura, justificando esta postura en que la norma ‘popular’ "no contribuye a la recuperación económica, introduce elementos ideológicos neoliberales inaceptables e inadecuados, rompe el pacto político PP-PSOE y es más restrictiva que el Pacto Fiscal europeo", que permite un déficit estructural de hasta el 0,5 por ciento.

"El principal problema del país es el crecimiento económico y la generación de empleo, y la senda que se describe en la ley hasta 2020 es enormemente restrictiva y sus prioridades son equivocadas, están al revés", ha añadido el diputado, avisando de que "si se aprueba la ley los recortes no serán transitorios sino permanentes" a pesar de que "se puede reducir el déficit manteniendo los servicios si se tienen unos ingresos estructurales".

Mejora pero insuficiente

FAC y UPyD, por su parte, también han votado contra las enmiendas. El portavoz económico de la formación magenta, Álvaro Anchuelo, ha justificado desde la tribuna que "la ley supone una mejora con respecto a la situación actual", en la que "las administraciones han vivido de espaldas unas a otras y sin mecanismos de coordinación y control".

Sin embargo, se ha quejado de que algunos aspectos recogidos en el proyecto normativo –como la vinculación del gasto público con el crecimiento medio del PIB o la capacidad del Congreso para determinar si una situación es excepcional– seguirá permitiendo decisiones políticas por parte de los partidos con respecto al equilibrio presupuestario.

Por eso, ha anunciado que la formación magenta presentará enmiendas parciales proponiendo que el Estado pueda controlar de forma directa a todas las administraciones públicas, que se fije un gasto mínimo obligatorio en educación y sanidad, y que se refuercen los mecanismos de revisión del cumplimiento de la norma.

Mismos objetivos, diferentes medios

El diputado de CiU Josep Sánchez Llibre ha aprovechado su turno de intervención para aclarar que la presentación de una enmienda de devolución por parte de su grupo no suponía el rechazo a la estabilidad y el rigor presupuestario, sino a los "graves obstáculos" que, a su juicio, incluye el proyecto de ley ‘popular’ en relación con las competencias autonómicas.

"Estamos a favor de actuar contra los déficit y endeudamientos excesivos de las administraciones, de no gastar más de lo que realmente se ingresa, y estamos predicando con el ejemplo (en la Generalitat). Pero hay cosas en esta ley que van a imposibilitar que algunas comunidades cumplan", ha advertido.

Así, aunque ha reconocido que podrían ceder en relación con el déficit y que están de acuerdo con el límite de deuda en el 60 por ciento del PIB del Estado y del 13 por ciento de media en las comunidades, Sánchez Llibre ha señalado que hay algunas regiones que en 2020 no podrán cumplir con ese objetivo porque han "heredado endeudamientos de gobiernos anteriores", por lo que ha pedido abrir la puerta a flexibilizaciones similares a las que la UE ha aceptado con algunos de sus estados miembro para reducir la deuda "de forma pacífica".

"Vamos a hacer una legislación para que la podamos cumplir", ha pedido el diputado catalán, apostillando por último que si en la ley se mantienen medidas "coercitivas que van contra el corazón del autogobierno" CiU no votará a su favor.

En esta misma línea se ha pronunciado la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas quien, estando de acuerdo con la estabilidad y los controles, ha optado por la abstención al considerar que la norma "trata igual a quienes han cumplido y a quienes no" y que no se permite a las regiones que aún tienen margen de endeudamiento recurrir a él para "financiar políticas activas de empleo". Además, se ha quejado también de invasiones competenciales.

De hecho, estas críticas las ha repetido también el diputado de UPN, Carlos Salvador, quien ha exigido que la "autonomía política sea una garantía" y que no se utilice la tramitación de esta ley para "criticar el régimen foral navarro y tratar de eliminarlo". "Ni Madrid ni Bruselas ni Vitoria, como pretenden algunos, van a hacer mejor que nosotros nuestros deberes", ha zanjado.

Sacralizar el déficit cero

Uxue Barkos, de Geroa Bai, ha defendido que esta ley no va a solventar la "frágil" situación actual porque está llevando a "gripar el motor de la economía" en pro de "sacralizar el déficit cero". "No estamos en contra del concepto de estabilidad, pero sí del camino que marca este texto legal, que prioriza el pago de la deuda en lugar del estado de bienestar o de la reactivación económica, y que impone tabla rasa a todos", ha reprochado.

Por último, el portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, ha criticado tanto la "absurda" reforma constitucional como el "infausto" Pacto Fiscal, que espera no sea ratificado. "Es absurdo entronizar en normas del más alto rasgo conceptos como el de déficit estructural, y el Pacto Fiscal y la reforma constitucional son mala economía y peor política", ha concluido.

Las enmiendas de ERC y BNG han llegado a la votación gracias a su pertenencia al Grupo Mixto, que ha hecho posible que CC las defendiera para su mantenimiento, mientras que la de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha decaído la no estar presente ningún diputado de la formación. Los representantes de los tres partidos han secundado la huelga general.