La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha defendido la norma subrayando que persigue un fraude que "daña el sistema de bienestar y vulnera la ley". "Tolerancia cero con el fraude. El abuso, venga de donde venga, no podemos entenderlo como algo laxo o ser condescendientes, no podemos caer en clichés y estereotipos de buenos y malos, porque los comportamientos son sancionables o cívicos, con independencia de quiénes los cometan", ha afirmado.

Así, ha recordado que este "grave problema atenta contra algo fundamental: los derechos de trabajadores, la competencia desleal entre empresas" y también "detrae recursos económicos a la Seguridad Social". "Debemos preservar la solvencia del sistema haciendo que perciban la prestación los auténticos desempleados", ha insistido.

Respuesta acordada e integral

Para conseguir una "respuesta firme, homogénea y coordinada" al fraude laboral y la economía sumergida, el Gobierno ha elaborado este proyecto de ley, que se completa con una reforma del Código Penal para agravar las penas por delitos contra la Seguridad Social y con otro proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal. "Es una visión de conjunta para afrontar este problema tan importante", ha explicado Báñez.

Sin embargo, la ministra ha reconocido que hacer frente a un fenómeno como éste hace falta "sumar esfuerzos y remar todos en la misma dirección", y ha instado a los partidos de la oposición a apoyar una norma que "el Ministerio de Empleo, que es el ministerio del Diálogo, ha elaborado" con el apoyo de los agentes sociales y las comunidades autónomas.

"Estamos ante un esfuerzo conjunto y el resultado es un texto de un gran valor y rigor técnico, al que se han incorporado las aportaciones de quienes mejor conocen la materia. Creemos que será una herramienta excelente en la lucha contra el empleo irregular y el fraude. Es el momento de tener altura de miras y garantizar un estado de derecho y social avanzado, con solidaridad ante determinadas contingencias como el desempleo o la jubilación, y firmeza con quienes no cumplen con sus obligaciones legales", ha concluido.

Ley insuficiente

El portavoz de IU-ICV-CHA de Empleo, Joan Coscubiela, ha comenzado pidiendo a la ministra que no argumente que quienes votan contra el proyecto de ley están contra la lucha contra el fraude. "Nosotros compartimos la necesidad de reforzar los instrumentos para una lucha más eficaz, pero creemos sinceramente que éste no es un proyecto que dote a la lucha contra el empleo irregular de buenos instrumentos y del marco legal adecuado", ha explicado.

Esto es así, a su juicio, por la falta de una reflexión sobre las causas de esta economía sumergida, que en España alcanza el nivel más altos de todos los países occidentales. Y en las causas que el diputado catalán ve en la raíz del fenómeno se cuentan un exceso normativo, una economía basada en sectores muy intensivos en mano de obra, el tipo de empresas y una estrategia de competitividad basada en los bajos costes laborales.

"El empleo irregular no es una anomalía, es el último escalón de la estrategia de reducción de costes para competir", ha profundizado, pidiendo una reforma del Estatuto de los Trabajadores en esta línea y recordando que los países con costes laborales más bajos son los que sufren más economía sumergida.

Por todo ello, ha pedido la devolución del proyecto de ley al Gobierno y que se aborde este problema "desde una perspectiva más amplia" e integral que entienda la lucha contra el fraude fiscal y el laboral como objetivos complementarios, y que contemple una mejora de los medios y recursos para hacerles frente. "No demos el visto bueno a una ley placebo, demos la oportunidad a una ley que de verdad afronte las causas profundas de la economía sumergida y el fraude laboral", ha concluido.

Abstención para "dar una oportunidad" al proyecto

Sin embargo, el portavoz de Empleo del PNV, Emilio Olabarria, ha defendido que "se le debe dar una oportunidad este proyecto de ley por sus pertinentes objetivos", aunque ha justificado su abstención en sus dudas sobre aspectos "no suficientemente tratados" como la subcontratación en cascada. Además, ha advertido de que debería revisarse la reforma laboral, después de que el Consejo de Europa haya dicho que "aspectos troncales" como el contrato de aprendizaje por más de un año son "contrarios a la Carta Social Europea".

En la misma línea, la socialista Magdalena Valerio ha acusado al Gobierno de estar llevando a cabo una política que es "un caldo de cultivo para que la economía sumergida, en lugar de disminuir, aumente", poniendo como ejemplo la reforma laboral ya que la "desregulación influye para que los trabajadores tengan que aceptar condiciones infralegales", creándose así un "clima propicio al fraude". Además, ha alertado contra el peligro de que la subcontratación o el empleo temporal se conviertan "en bolsas de economía irregular".

Así, citando el informe del Consejo Económico y Social (CES) al proyecto de ley, la diputada ha explicado que comparten que "las medidas, en términos generales, no parecen ser las más adecuadas para alcanzar los objetivos previstos, resultando algunas insuficientes, genéricas o equivocadas, y teniendo una función meramente recaudatoria".

Por su parte, el responsable de Empleo en CiU, Carles Campuzano, ha expresado su "convicción de que no sólo hace falta una política de palo contra la economía irregular, sino también una política de zanahoria", pero confía en que en el trámite parlamentario de la norma se podrán "mejorar" aspectos como, por ejemplo, la creación de empleo.

Medida recaudatoria

El portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha coincidido con que "compartir el objetivo no implica necesariamente compartir las medidas" y ha lamentado que "la filosofía general de estas medidas es un aumento de las sanciones". "Y no es que eso nos disguste –de hecho, propondremos un endurecimiento aún mayor para algunos casos–, pero con las sanciones no basta", ha añadido, sugiriendo por ejemplo una mejora de los medios de la Inspección, con un enfoque "más sistemático que partiera de un diagnóstico claro" de la situación y medidas integrales.

El portavoz de ERC, Joan Tardá, ha preguntado a la ministra "cómo casa este proyecto con la voluntad del Gobierno de legitimar a los defraudadores ricos". "Si realmente deseasen otra cosa que no fuera perseguir a los parados u ofrecer amnistías encubiertas a los incumplidores y proteger a los poderosos, pensarían otra política. Pero en cambio nos ofrecen un marco de no reposición de los efectivos de la Inspección", ha acusado. "Si queremos luchar contra el fraude, hagámoslo para todos y a todos. Si no, es una inmensa hipocresía", ha concluido.

Ante todos estos argumentos, la ‘popular’ Carmen Álvarez-Arenas ha dicho que este proyecto es "clave" para mejorar la lucha contra el fraude en esta materia, y ha criticado que "quienes dicen defender a los trabajadores siempre se oponen a este tipo de medidas porque dicen que son insuficientes". "Pues increméntenlas, den alternativa, pero no sabemos cuál es su propuesta de lucha contra el fraude. Me parece mucho más constructiva la posición del resto de los grupos", ha añadido, lamentando que da la impresión de que algunos se "conforman con la cultura del fraude".