La Cámara Baja tiene programados desde ahora y hasta el verano un total de ocho sesiones plenarias (tres en abril, dos en mayo y otras tres en junio), y el Gobierno aún tiene pendiente presentar varios proyectos que quiere que entren en vigor antes de terminar la legislatura.

En Moncloa asumen que las Cortes sólo podrán completar la tramitación de aquellos textos que se aprueben en el Consejo de Ministros durante lo que resta de abril o, como mucho la primera quincena de mayo. En este paquete se incluyen, por ejemplo, varios para dar seguir avanzando en la reforma de las Administraciones Públicas y la nueva de la Ley General Tributaria.

Y, además, el Congreso aún tiene en tramitación más de una decena de leyes entre las que destacan las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, del Registro Civil, la ley de segunda oportunidad, la que reordena el Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Ley de Montes o la de Protección Civil.

Y en el mes de julio también corresponde votar el techo de gasto para 2016, lo que considera el prólogo de los Presupuestos Generales del año siguiente.

Todo ello implica que habrá que habilitar sesiones extraordinarias para el Pleno y algunas comisiones en el mes de julio, que se calcula que será un mes de actividad cuasi ordinaria pese a que la Constitución le sitúa fuera de los dos periodos de sesiones de cada año.

¿Incluso los presupuestos?

A todo esto se une que hay sectores del PP que apuestan por que el Gobierno presente incluso el propio proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016, aún a sabiendas de que es imposible que se aprueben antes de la disolución de las Cortes.

Su argumento es que la presentación de un presupuesto daría tranquilidad a los inversores y a la Unión Europea, y, además, serviría al PP para dejar claro en la precampaña electoral que es una fuerza de Gobierno capaz de redactar unos presupuestos que, conforme a su discurso de la recuperación, podrían permitir incluso lanzar atractivos anuncios electorales respaldados por partidas presupuestarias concretas. Además, el PP podría recuperar ese texto en las nuevas Cortes Generales si volviese a gobernar.

La Constitución establece que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado debe ser registrado en el Congreso como muy tarde el 30 de septiembre del año anterior a su entrada en vigor, y la Ley Electoral precisa que el decreto de disolución de las Cámaras y de convocatoria de los comicios debe publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) 54 días antes de la celebración de las elecciones.

Las generales de 2011 tuvieron lugar el 20 de noviembre y para que las próximas elecciones se celebren el domingo más cercano a esa fecha (22 de noviembre de 2015), las Cortes tendrían que disolverse el 29 de septiembre. Si se llevaran las elecciones generales a diciembre, las Cortes deberían disolverse a mediados de octubre.

Así las cosas, aún si el Gobierno adelantase a finales de julio la presentación del proyecto de Presupuestos, fuentes parlamentarias consideran imposible en la práctica completar la tramitación del proyecto en las dos cámaras para que se convierta en ley.

Como mucho, contemplan que, aún habilitando la segunda quincena de agosto para que el proyecto se registre en el Congreso –nunca la primera, que se reservaría sin actividad– únicamente daría tiempo a celebrar el debate de totalidad antes de la disolución de las Cortes.