La iniciativa ha salido adelante con el respaldo de PP y UPyD, y la abstención del PSOE, mientras que la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y los nacionalistas de CiU y PNV se han opuesto, al considerar que la iniciativa pretende recentralizar competencias que están en manos de las comunidades autónomas.

Así, el texto definitivo que ha salido adelante reclama del Ejecutivo que "avance en la puesta en marcha de un portal único de empleo" que funcione como una base de datos "común para todo el territorio" y que recoja "todas las ofertas de formación y empleo" que haya en las diferentes comunidades de todo el territorio nacional, y también en Europa y en otros países.

Además, pide que se "ponga especial énfasis" en la formación profesional para desempleados "en cuanto que se trata del instrumento que más puede favorecer su capacidad de encontrar empleo y de adaptarse a las necesidades de la economía en cada momento".

Menos ambiciosa pero importante

El portavoz de Empleo de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha reconocido que el texto pactado con los ‘populares’ es más restringido que la propuesta inicial de la formación magenta, aunque cree que "sólo lograr" que se unifiquen en un mismo sitio web las ofertas laborales de todo el país "ya sería importante" además de resaltar que "priorizar el gasto en formación" es un paso adelante con respecto a la actual situación.

Y es que durante su defensa de la iniciativa original ha lamentado la "irrelevancia" en la que han caído los servicios públicos de empleo como consecuencia de la "profusión" de páginas web autonómicas, y también ha criticado la falta de eficacia del Servicio Público de Empleo, que se demuestra en el bajo nivel de colocación y de reinserción a través de programas públicos.

Además, ha señalado que hace falta "aumentar los medios" materiales y humanos del Servicio Público de Empleo e "incentivar" al personal en función de su productividad y sus resultados, pero sin perder el carácter público de este servicio, ya que aunque "la provisión privada puede servir de complemento no puede sustituirlos" porque conllevaría "importantes riesgos para la igualdad".

Finalmente, UPyD pedía también incluir en los servicios públicos de empleo una asesoría laboral para pymes y trabajadores y un servicio de selección de personal "ágil, gratuito y de calidad", y mejorar la eficacia de las Políticas Activas de Empleo eliminando bonificaciones a la contratación, que resultan "muy costosas y de dudosa eficacia", y utilizar esos recursos para la formación.

Hay carencias a las que hacer frente

Por su parte, la portavoz ‘popular’ en la comisión, Carmen Álvarez-Arenas, ha compartido el diagnóstico de UPyD, reconociendo que "el sistema de Políticas Activas de Empleo presenta ciertas carencias que hay que abordar" con la vista puesta en "conseguir mayores niveles de empleabilidad", siempre contando con la colaboración de las comunidades autónomas.

"Algunas medidas concretas ya están siendo llevadas a cabo por el Gobierno", ha recordado, no obstante, mencionando entre otras que la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven ya prevé la creación de un portal único, que se ha dotado a la FP de más presupuesto y que se ha cambiado el sistema de Políticas Activas para basarlo en la evaluación de los resultados previos.

La solución no es recentralizar

Sin embargo, tanto IU-ICV-CHA como los nacionalistas catalanes y vascos creen que tras esta iniciativa está un afán recentralizador que no es la solución, crítica que Anchuelo ha respondido asegurando que su discurso "no es antiautonomista" sino que sólo pretende "mejorar la eficacia de las Políticas Activas".

El portavoz de Empleo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela, ha reconocido compartir que "los servicios públicos de empleo llevan mucho tiempo siendo manifiestamente mejorables", situación que "en parte" se deriva de la falta de recursos y de la "escasa especialización de algunos trabajadores", pero ha argumentado que esta perseguir una mejora no es una idea "contrapuesta" a la delegación de competencias en las comunidades autónomas, con las que el Estado debería "cooperar y coordinarse".

"Discrepamos profundamente de la orientación clara de que el problema son los servicios autonómicos. Ojalá fuera así, porque eso significaría que se resolvería pronto. Pero antes de transferir las competencias los problemas eran exactamente los mismos. A veces hay cosas en el mundo que no son culpa de las comunidades", ha añadido.

Por CiU, Toni Picó también ha rechazado la "premisa de desconfianza hacia las comunidades autónomas" de la que, a su juicio, parte la iniciativa, y ha negado que "cuando las cosas van mal la solución sea la recentralización". "Creo que debe exigirse que las cosas se hagan bien, sea quien sea quien gestione la competencia. Pero la solución no es la recentralización", ha añadido, proponiendo que se traspase a las regiones también las políticas pasivas.

Emilio Olabarria, del PNV, ha señalado que "siempre es bueno" mejorar la coordinación en materia de empleo entre las diferentes comunidades autónomas, aunque ha recordado que para eso "no hace falta un portal único" dado que la tecnología permite que haya una mayor "interoperabilidad entre sistemas".

Por último, la socialista María José Rodríguez cree que la "falta de eficacia" de las oficinas públicas de empleo no se pueden achacar a un "mal funcionamiento" sino más bien al "debilitamiento" provocado por el recorte presupuestario decretado por el Gobierno. Además, ha rechazado el "intento recentralizador" que plantea la iniciativa, y ha abogado por "mejorar la coordinación" de los servicios públicos y por "reforzar" el servicio público para evitar, en todo caso, su posible desmantelamiento.