El Congreso de los Diputados no terminará de adaptarse a las obligaciones en materia de transparencia que establece la ley del mismo nombre hasta bien avanzado el próximo mes de enero, cuando ya habrá transcurrido más de un mes desde la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que tuvo lugar el pasado 10 de diciembre.

Aunque el presidente del Congreso, Jesús Posada, remitió hace dos semanas a los grupos parlamentarios un informe de los servicios jurídicos de la Cámara sobre cómo hacer esta adaptación y les pidió que hicieran sus propuestas al respecto, finalmente la Junta de Portavoces ha decidido en su reunión de este martes aplazar el asunto hasta el próximo periodo de sesiones.

En concreto, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, se ha fijado la fecha del 13 de enero para que la Junta de Portavoces –en la que están presentes todos los grupos parlamentarios– vuelva a discutir la cuestión con idea que haya un acuerdo al menos entre las formaciones mayoritarias.

Será ya una semana después, en torno al 20 de enero, cuando la Mesa del Congreso –donde sólo están representados PP, PSOE y CiU– apruebe una resolución en la que se concrete la aplicación de la norma.

Derecho Administrativo

En su informe, los letrados dejan claro que el Congreso ya ha ido publicando en los últimos años numerosos contenidos relacionados con la transparencia como los relativos al régimen económico de los diputados, sus declaraciones de actividades y las patrimoniales y que, básicamente, la adaptación a la nueva legislación debe afectar a todo lo relativo al Derecho Administrativo.

Por eso, aunque inicialmente los servicios jurídicos habían apuntado que una modificación del Reglamento del Congreso sería la mejor fórmula para adaptar la institución a la transparencia, finalmente los dos grupos mayoritarios han coincidido en que, dado que éste asunto sólo va a afectar a temas relativos al Derecho Administrativo, basta con que se resuelva a través a una resolución del órgano de gobierno de la Cámara.

Esto no será óbice para que, en su momento, si los trabajos para la reforma del Reglamento del Congreso siguen adelante y llegan a buen puerto, el acuerdo se traslade también a las normas internas de la Cámara.

Además, en su documento, recogido por Europa Press, los letrados precisan que esa regulación debe reconocer el derecho de todas las personas a acceder a la información pública que obre en poder del Congreso tanto sobre sus actividades como sobre las sujetas a Derecho Administrativo, "cualquiera sea el formato o soporte de los contenidos o documentos".

Asimismo, habría de recoger la puesta en marcha y los contenidos del Portal de la Transparencia de la Cámara especificando la normativa que se está aplicando, las acciones que ha llevado a cabo el Congreso en esta materia, la información institucional y organizativa con enlaces a grupos parlamentarios, diputados y administración parlamentaria e información económica, presupuestaria y contractual.

Las peticiones más populares

Ese nuevo portal debería también contener la información sobre los datos necesarios acerca de la formulación de solicitudes de información y consultas más habituales que recibe el servicio de información al ciudadano y datos en formatos abiertos y reutilizables con enlaces a la página web oficial de la institución.

Respecto a la regulación del derecho de acceso, los letrados proponen que fije un procedimiento para la tramitación de las peticiones que cursen los ciudadanos y para las eventuales impugnaciones y recursos.

En este contexto, plantean que sea la Mesa del Congreso la que resuelva las solicitudes que lleguen a la Cámara, para lo que podría contar con un órgano de asesoramiento. En cuanto a los límites a este derecho, apuestan por diferenciar las demandas de datos sobre la actividad parlamentarias de la que tenga carácter administrativo.