La moción, consecuencia de la interpelación que el nacionalista catalán Carles Campuzano realizó la pasada semana a la ministra Ana Mato, constaba de dos puntos, de los que ha salido adelante el primero de ellos, en el que se solicita al Ejecutivo dicho pacto, con el apoyo del PP, CiU, PNV, Foro de Asturias, UPN, Geroa Bai y BNG; mientras que se han abstenido en la votación el PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ERC, Amaiur, y Compromís-Equo.

Con la aprobación de esta iniciativa se pide también al Ejecutivo que dicho acuerdo tenga que orientarse a garantizar la financiación necesaria y la participación del Estado, a corto y medio plazo, en base a los costes reales de los servicios y prestaciones en las distintas comunidades autónomas, y más allá del horizonte 2015, con la perspectiva de alcanzar un gasto estable en política de atención a la dependencia.

El acuerdo también deberá revisar la aplicación del sistema priorizando las atenciones que conllevan, la creación de empleo, el impulso a la colaboración público-privada, el desarrollo de las prestaciones socio-sanitarias y el impulso a las políticas de prevención y a la I+D+i en esta materia.

Es más, plantea al Ejecutivo que el citado acuerdo deberá posibilitar el desarrollo de la política de atención a la dependencia con pleno respeto a las atribuciones competenciales que, en materia de servicios sociales, atribuyen a la Constitución y los Estatutos de Autonomía a las comunidades autónomas.

Entre otros puntos, Campuzano ha defendido en su intervención que el sistema actual de Dependencia está "ahogando" económica y financieramente a las comunidades autónomas.

A su juicio, el actual modelo no tiene en cuenta el coste real de los servicios que prestan las comunidades, que para cubrir las prestaciones ya reconocidas se van a ver obligadas a incrementar su gasto o, bien, a elevar los niveles de copago. Es más, dice que se trata de una tendencia que se agrava si, como está sucediendo, el Estado reduce su aportación presupuestaria.

Devolver la esperanza a los dependientes

Desde el PP, María Teresa Martín Pozo, ha mostrado su conformidad con la necesidad de promover un acuerdo político y social porque, según ha dicho, la ministra así lo ha manifestado en "repetidas veces" en sede parlamentaria, para garantizar en época de crisis y para el futuro la sostenibilidad del sistema "tras una mala gestión".

Así, ha señalado que el Ejecutivo quiere devolver la esperanza con hechos a las personas dependientes, que se han visto privadas de sus atenciones. "Pretendemos en que aquello que la ley prevé como excepción siga siendo una excepción, para que los recursos vayan para quienes más lo necesitan", ha defendido.

Desde la Izquierda Plural, Caridad García, ha denunciado que sigue siendo una ley "maravillosa" pero que carece de la financiación suficiente para abordar el espíritu de la misma. Mientras, Rosa Aguilar, del PSOE, teme que no se preserve la ley actual y sí se vaya a otro modelo diferente.

Igualmente, pide que se elimine una de las disposiciones adicionales de los Presupuestos, que impide la entrada en 2012 de dependientes moderados, además de que el Ejecutivo diga lo que piensa del sistema de Dependencia, "porque todo apunta a que va a un modelo diferente y distinto donde prevalece un modelo privado".

Al mismo tiempo, Emilio Olabarria, del PNV, ha destacado por varios motivos que esta ley "no tiene nada de bueno" porque ya existía la atención de las personas con dependencia antes de la misma, y además en el caso particular Euskadi, de manera "más amplia" que lo que presupone la normativa.

Por su parte, desde UPyD, Toni Cantó ve necesaria una regulación unitaria en todo el Estado con una garantía de mínimos porque dice que hay que mantener e incrementar el nivel de atención a las personas de dependencia, si bien no quiere que se haga mediante una hipoteca del Estado hacia las comunidades autónomas.

Se prevé una reforma de la ley

Precisamente, este lunes, en un desayuno informativo de Europa Press, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, justificó la reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia que ha emprendido su departamento al afirmar que, de no hacerlo, será "absolutamente insostenible" el desarrollo de la normativa. "Si seguimos como hasta ahora, sería absolutamente inviable", aseguró.

De hecho, insistió en la necesidad de emprender modificaciones, si bien no concretó si los cambios pasarán por dejar fuera del sistema a los dependientes menos graves, es decir, los diagnosticados como moderados o severos, aunque avanzó que la norma será sometida a un "plan de racionalización" para "garantizar la atención" que los dependientes "se merecen".

Para la responsable de Sanidad, la norma "se hizo sin prever sus consecuencias, de manera precipitada y un poco demagógica", sin someterla a evaluaciones periódicas para conocer su desarrollo. Esto provocó, en su opinión, desviaciones como las diferencias en los servicios que prestan las comunidades autónomas o que los cuidados no profesionales, inicialmente previstos como una excepción, se hayan convertido en norma.