De esta forma, el texto del Ejecutivo, que entró en el Congreso en septiembre de 2012, cumplirá un año entero en la Cámara Baja antes de ser remitido al Senado para su aprobación definitiva el próximo otoño. Desde su llegada a la Cámara se han sucedido 35 ampliaciones de plazo para la presentación de enmiendas y la comparecencia de más de un veintena de expertos para dar su opinión sobre la futura ley.

Los grupos parlamentarios habían acordado inicialmente registrar sus enmiendas el 11 de junio, pero ese plazo fue prorrogado a petición del PP en otras dos ocasiones y finalmente las presentaron el pasado viernes.

La ponencia se constituirá el 2 de julio

El Gobierno quiere que la norma se apruebe con el mayor grado de consenso posible y quieren atraerse al menos el respaldo de PSOE y los nacionalistas de CiU y PNV. Precisamente, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, solicitó el pasado martes formalmente al Congreso que se celebren las sesiones extraordinarias que "sean necesarias" para la tramitación y aprobación del proyecto.

Por lo pronto, la ponencia encargada de tramitar el proyecto se tiene previsto reunirse el próximo martes, 2 de julio, para constituirse y ordenar su planes de trabajo, pero ya se da por hecho que no será posible que la Comisión Constitucional apruebe su dictamen antes del 16 de julio, fecha prevista para el único Pleno extraordinario que la Cámara Baja tiene programado en julio.

Y es que, antes de elevar un dictamen el Pleno, los grupos planean que la ponencia, que se reúne a puerta cerrada, celebre una o dos sesiones para ir incorporando enmiendas consensuadas y luego, ya en abierto, debatir el texto en la Comisión Constitucional, ya en sesión pública. La idea es que el órgano que preside el ‘popular’ Arturo García Tizón deje aprobado su dictamen antes de que termine julio, previsiblemente el día 24 de ese mes.

El Gobierno había ofrecido aprobar el dictamen en el Pleno antes del verano pero finalmente el ritmo de la tramitación se ha relajado dado que, de todas formas, no había posibilidad de incluir la Ley de Transparencia en la sesión plenaria de julio dado que su celebración está prevista en el Senado, donde no hay sistema electrónico de votación para 350 parlamentarios.

La transparencia en vigor casi en 2015

Cuando el Congreso reabra el hemiciclo tras las obras, ya en la segunda semana de septiembre (previsiblemente el día 12), se podrá debatir y votar las enmiendas que aún permanezcan vivas para aprobar el proyecto y remitirlo al Senado para continuar su tramitación que culminará ya en otoño.

La parte de la ley relativa al buen gobierno entrará en vigor nada más publicarse en el Boletín Oficial del Estado, pero habrá que esperar un año más para que estén vigente aquellos artículos relativos a la transparencia, puesto que el proyecto prevé un periodo de carencia de doce meses para poder preparar toda la información que deberán publicar las administraciones, así como para poner en marcha el Portal de la Transparencia.