El autor de la iniciativa, Carles Campuzano, pide que este acuerdo global garantice la financiación necesaria teniendo en cuenta los costes reales de los servicios y prestaciones en las distintas comunidades autónomas, con la perspectiva de alcanzar un gasto estable en políticas de atención a la dependencia del 1,2 por ciento del PIB.

Además, solicita que se contemple una revisión de la prestación por cuidados en el entorno familiar, el impulso a la colaboración publico-privada, el desarrollo de las prestaciones sociosanitarias y el impulso a las políticas de prevención.

Finalmente, CIU exige al Gobierno que presente, antes del final del mes de septiembre, el preceptivo balance del desarrollo de la Ley, así como un informe sobre el gasto total de la Administración General del Estado, de la Seguridad Social, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, con el objetivo de "avanzar en una mayor y mejor transparencia en la inversión y el gasto social".