El Congreso de los Diputados debatirá este martes su adaptación a la Ley de Transparencia, que ya lleva en vigor más de un mes, y perfilará los contenidos que tendrá el nuevo Portal de Transparencia que la Cámara prevé tener listo en breve.
En la que será su primera reunión de 2015, la Junta de Portavoces del Congreso analizará un documento de los servicios jurídicos sobre cómo aplicar esta norma en el ámbito parlamentario y se buscará un acuerdo en torno a la información de carácter administrativo que se planea poner a disposición de los ciudadanos a través de la página web. No obstante, la decisión final, una vez oída la opinión de la Junta de Portavoces, tendrá que adoptarla la Mesa del Congreso, previsiblemente la semana que viene.
Según consta en el borrador de propuestas elaborado por la Secretaría General del Congreso y al que tuvo acceso Europa Press, al régimen económico y social de los diputados y los concursos que convoca el Congreso que ya se pueden consultar en ‘www.congreso.es’, se sumarán ahora algunas novedades con información económica, presupuestaria y contractual.
Por ejemplo, se darán a conocer de forma detallada los Presupuestos de la Cámara y su ejecución presupuestaria, tanto de 2014 como de 2015 (actualmente sólo se tiene acceso a un informe sobre el cumplimiento de las cuentas de 2012 y 2013).
Respecto a los contratos que adjudica el Congreso para la adquisición de distintos servicios además de los pliegos de los concursos y el valor de la licitación, que ya son públicos, la intención es informar de la planificación contractual general de la Cámara, de los convenios futuros y que ya están en vigor, y ofrecer también una relación de los denominados contratos menores (obras de menos de 50.000 euros o servicios por debajo de 18.000 euros).
La propuesta de los servicios jurídicos incluye, asimismo, la publicación de los bienes inmuebles, muebles y de los derechos de la Cámara, destacando, dentro de estos últimos el patrimonio histórico-artístico, el bibliográfico y documental y los elementos de transporte.
Consultas ciudadanas
También se recogerán datos sobre los viajes de sus señorías, conforme al acuerdo alcanzado por los grupos el pasado mes de diciembre, y sobre la documentación complementaria de las iniciativas legislativas. Igualmente, habrá mayor información sobre las funciones del Congreso, un organigrama detallado de la administración parlamentaria y el régimen económico y de incompatibilidades del personal de la Cámara.
El futuro Portal de la Transparencia, cuyos contenidos serán supervisados por la Mesa del Congreso, se encargará de la denominada ‘publicidad activa’ de la institución, pero los ciudadanos también podrán dirigirse a la Cámara para hacer consultas específicas. Eso sí, el informe ya avisa de que serán inadmitidas las peticiones que incluyan "expresiones indecorosas contra personas o instituciones, así como meros juicios de valor u opiniones".
Límites al derecho al acceso
El Congreso tendrá un mes de plazo para responder a los ciudadanos si concede o deniega la información solicitada que podrá ampliarse a dos meses si ésta es muy extensa o compleja. Si no se recibe contestación en el plazo máximo fijado, el solicitante habrá de entender que su petición ha sido desestimada.
El acceso a la información será gratuito, si bien "la expedición de copias o la trasposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones", según consta en el informe, abriendo la puerta a pagos en casos concretos.
El documento también detalla, siguiendo el esquema fijado en la propia Ley de Transparencia, que el derecho de acceso a la información sobre la actividad de la Cámara podrá ser limitado cuando suponga un perjuicio para la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria, o la protección del medio ambiente.
Una comisión específica
Además, se creará una Comisión de acceso a la información pública que se encargará de asesorar a la Mesa en materia de transparencia proponiéndole directrices o guías de buenas prácticas, de conocer el estado de la tramitación de las solicitudes ciudadanas y de hacer un informe anual de actividades en este terreno.
Esta comisión estará presidida por uno de los vicepresidentes del Congreso y contará entre sus miembros con uno de los secretarios del órgano de gobierno, con el secretario general de la Cámara, el director de comunicación, el de documentación, biblioteca y archivo y un funcionario responsable de la unidad que gestione los contenidos del portal.
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