Para agilizar la entrada en vigor de este fondo, la Cámara baja tramitará por la vía directa y en lectura única este proyecto de ley, que modifica algunos artículos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada el pasado mes de abril.

Esto supone que se debatirán en la misma sesión plenaria las cinco enmiendas de totalidad presentadas por PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU, ERC y BNG para pedir la devolución del texto al Gobierno; así como el medio centenar de enmiendas parciales que han registrado PSOE, Izquierda Plural, CiU, UPyD, BNG y CC-NC.

De esta manera se reduce considerablemente la espera para la entrada en vigor definitiva de esta norma, dada la urgencia manifestada por algunas comunidades autónomas, como Cataluña o Andalucía, por recibir los fondos.

Se endurecen las condiciones

Esta decisión ha soliviantado a algunos partidos de la oposición, que ya habían reclamado la devolución del texto al Gobierno por considerar que endurece las condiciones que se imponen a las comunidades autónomas por solicitar este rescate y que supone un intento de "recentralización" y de "intervención encubierta" de las comunidades.

Así, se argumenta que la reforma recorta soberanía autonómica y obliga a los gobiernos regionales a firmar "un cheque en blanco" para acceder a esta asistencia financiera, ya que uno de los artículos de la ley deja abierta la puerta a que el Estado pueda imponer "medidas de ajuste extraordinario" u "otras condiciones" que se determinen, sin precisar límites.

Los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas de devolución critican asimismo que el Ejecutivo no repartiera el margen de un punto de déficit que Bruselas concedió a España para cerrar este año, exigiendo mayores recortes a los gobiernos autonómicos que, a la postre, son los que cargan con la mayor parte de los servicios sociales.

El PSOE, que se abstuvo en la votación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ha presentado además dos enmiendas parciales solicitando la retirada de los artículos que componen el proyecto de ley. Y es que, a su juicio, el FLA "se aparta significativamente" de los mecanismos de liquidez que se habían barajado en un primer momento para ayudar a las comunidades –como los hispanobonos–, y supone imponer un mayor ajuste fiscal.

Así, indica que si estas diferencias respetaran al menos la autonomía financiera, presupuestaria y competencial de las comunidades autónomas a la par que permitiera acceder al mercado rebajando los costes, se podría aceptar. Sin embargo, "está claro que éste no es ni el objetivo ni la finalidad de la reforma", concluye.

Primar los servicios sociales

La Izquierda Plural, por su parte, ha presentado seis enmiendas parciales, que recoge Europa Press. Con ellas pretende introducir en la norma el valor de prioridad "absoluta" del pago de los créditos que financian la "cobertura universal de los servicios públicos fundamentales", así como eliminar el concepto de prioridad de pago de la deuda frente a cualquier otro gasto del artículo 135 de la Constitución, porque atenta contra principios constitucionales como la justicia o la igualdad.

Por otra parte, IU-ICV-CHA propone rebajar las obligaciones de información por parte de las entidades territoriales para no incurrir en un "abuso de poder" al "vulnerar la autonomía financiera". También exige que la deuda extraordinario compute en las cuentas de las comunidades o los ayuntamientos sólo cuando sean éstos los que hayan pedido la ayuda; y eliminar el requerimiento de planes de tesorería para pagar las deudas financieras.

El BNG, por su parte, propone en su única enmienda parcial suprimir el artículo que permite al Gobierno imponer discrecionalmente condiciones por pedir el rescate. A este respecto, Coalición Canaria-Nueva Canarias sugiere precisar que estas condiciones sólo puedan aceptarse si tienen "relación directa con la consecución de los objetivos de estabilidad presupuestaria, límites de deuda pública y obligaciones de pago, sin que se puedan incluir otras medidas de políticas económicas o sociales" para "dejar a salvo la independencia de las comunidades".

Los nacionalistas canarios sugieren en otra de sus once enmiendas añadir una disposición que obligue al Estado a comprar, directamente o a través de alguna entidad dependiente, títulos autonómicos que lleven más de una semana sin demanda. El precio de compra "no deberá ser inferior en más del 5% al de la última cotización del título", añaden los nacionalistas canarios.

Asimismo, creen que cualquier prórroga en los plazos para cumplir objetivos de déficit y deuda deben ser valorados por las comunidades autónomas "en función de sus dificultades de acceso a los mercados financieros", y no por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Y que los gobiernos autonómicos participen también en la decisión de los objetivos de estabilidad y techos de gasto que decide el Ministerio de Hacienda.

En este cálculo habrá de tenerse en cuenta "la previsión de evolución del PIB per cápita regional, la tasa de paro regional, el saldo estructural alcanzado en el ejercicio inmediatamente posterior y su nivel de endeudamiento".

Participar del IVA

Por su parte, CiU ha presentado nueve enmiendas parciales, que entre otras cosas proponen un artículo para que las variaciones que el Ejecutivo central decida para los tipos impositivos o las bases estatales de los Impuestos Especiales de Fabricación –alcohol, productos energéticos y tabaco– y del IVA no repercutan en el Fondo de Suficiencia Global.

Según los nacionalistas catalanes, el aumento de la recaudación de las comunidades autónomas por estos conceptos no debería ser compensado con una reducción equivalente del fondo de suficiencia, dado que "al ser exclusivamente el Estado el que tiene la competencia de modificarlos, el reequilibrio de la estructura tributaria debe afectar a todas las administraciones que participan en los ingresos".

Por otra parte, CiU también pretende añadir una previsión para que, cuando los ejercicios presupuestarios se cierren con superávit, se pueda destinar ese dinero a un Fondo de Reserva que se pueda usar para "la cancelación de la deuda o para no realizar nuevas apelaciones al crédito cuando se cumpla el objetivo de deuda pública".

El resto de sus enmiendas al articulado recogen las principales quejas de los nacionalistas catalanes sobre la reforma normativa, expuestas en la enmienda de totalidad, tales como dejar fuera de la obligación de información los datos de ejecución de los planes de ajuste, no aceptar el "concepto pernicioso" de ‘valoraciones de riesgos’ como baremo para dictar sanciones o despojar a Hacienda de la capacidad de solicitar cualquier tipo de información cuando lo considere necesario.

Control parlamentario de los rescates

Finalmente, Unión, Progreso y Democracia (UPyD) reclama en sus enmiendas que sea el Congreso el que autorice en última instancia cualquier operación extraordinaria de liquidez ya que, de no seguirse este procedimiento, "se estaría estableciendo un mecanismo de rescate permanente sin control parlamentario".

La formación magenta también reclama al Gobierno que cree un Consejo de Estabilidad Presupuestaria formado por expertos independientes que calculen el déficit estructural y supervisen y controlen la política fiscal de todas las administraciones. Finalmente, piden un suelo de gasto obligatorio para los servicios públicos fundamentales y recursos suficientes para proporcionarlos.