Tanto la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) como UPyD y algunos diputados del Grupo Mixto, hasta un total de 28, han rechazado el decreto que prevé ‘limpiar’ los balances bancarios de activos ligados al ‘ladrillo’.

De los 337 diputados presentes en la Cámara Baja en el momento de la votación de la norma, sólo seis se abstuvieron. Además, el Congreso no aceptó que la reforma se tramite como proyecto de ley.

Durante su defensa ante el Pleno de la Cámara Baja, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha elevado en 2.000 millones de euros, hasta 52.000 millones, las necesidades de saneamiento que en enero cifró en 50.000 millones.

Una vez aprobada la reforma financiera, De Guindos aclaró que esta variación se debía a que las estimación inicial tenía en cuenta la situación de los balances a junio de 2011 y que con el decreto las necesidades se actualizan a diciembre de 2011.

El ministro además puso el énfasis en el "amplio" consenso alcanzado, y argumentó su "satisfacción" en la imagen de cara a los mercados financieros. "La amplitud del apoyo político es una señal muy positiva", garantizó.

En la reforma se incluye también la posibilidad de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) contribuya al saneamiento de las entidades en proceso de fusión a través de la compra de bonos contingentes convertibles (cocos), para lo cual el Tesoro ampliará el capital del organismo hasta los 15.000 millones.

De Guindos explicó durante su intervención para defender el decreto ley ante la Cámara Baja que el objetivo de la reforma es garantizar un mejor acceso de las entidades de crédito a los mercados capitales y, por ende, más crédito para familias y pymes.

ACTUAR SOBRE "LA RAÍZ" DEL PROBLEMA.

"El Gobierno actúa sobre la raíz del problema", aseguró el ministro, para después defender que el saneamiento persigue entidades "solventes y viables".

De Guindos, quien se congratuló de la valoración de la reforma por parte del BCE, notificó una "cierta mejoría" tras la aprobación del decreto ley, y reiteró la intención del Ejecutivo de generar un "beneficio adicional", tendente a incentivar la venta de activos inmobiliarios y además hacerlo con "importantes descuentos".

El real decreto ley también recoge nuevas regulaciones sobre las remuneraciones de los consejeros y directivos de las entidades que han recibido ayuda del FROB.

LIMITE A SUELDO DE BANQUEROS.

En concreto, el Gobierno ha limitado a 600.000 euros el sueldo de la cúpula en las entidades que han recibido ayudas públicas y a 300.000 euros en las que han sido intervenidas por el Estado.

El Ejecutivo ha establecido un techo a las remuneraciones de las entidades que han recibido ayudas públicas a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo dependiente del Banco de España, ya sea a través de créditos al 7,75%, que aún no han sido devueltos en su totalidad, o de capital.