Ése es el punto de la normativa que más polémica ha suscitado, ya que tanto la patronal como los partidos políticos temen que su aplicación provoque caídas salariales, más paro y cierre de empresas, aunque algunas formaciones como el PSOE o la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) sí se han mostrado partidarios de buscar nuevas vías de ingresos para la Seguridad Social, aunque siempre con diálogo con los agentes sociales y no de forma unilateral desde el Ejecutivo.

En cualquier caso, y al margen de los posibles cambios que el Ministerio de Empleo pudiera pactar con patronal y sindicatos, formaciones parlamentarias como CiU ya han avanzado que pedirán la tramitación de este decreto como proyecto de ley para poder presentar propuestas de modificación. Sin embargo, fuentes gubernamentales apuntan a que el Grupo Popular rechazará la solicitud.

Según el Ejecutivo, sólo la medida de ampliar las bases de cotización conllevaría un incremento de 900 millones de euros anuales para las arcas de la Seguridad Social, además de mejorar las cotizaciones y prestaciones futuras de los propios trabajadores, e incrementar la transparencia y la competencia entre compañías.

Contratos a tiempo parcial

Por otra parte, el decreto ley plantea cambios en los contratos a tiempo parcial, que ahora tendrán prohibidas las horas extraordinarias aunque podrán realizar más horas complementarias (el 30% o hasta el 60% si se pacta en convenio), sin tope máximo, siempre que el contrato sea de al menos diez horas semanales de promedio. En el caso de contratos indefinidos a tiempo parcial las horas complementarias podrán sumar hasta el 90% de la jornada.

En relación también con el contrato a tiempo parcial, se permitirá esta formulación en el contrato de apoyo a emprendedores para las empresas de menos de 50 trabajadores y se potenciará este tipo de contratación con vinculación formativa para los jóvenes menores de 30 años.

También se obliga a registrar día a día la jornada de trabajo ordinaria o complementaria para facilitar la labor de la Inspección, y se reduce de siete a tres días el plazo obligatorio de preaviso de modificación del horario laboral, un aspecto que ha provocado las críticas de IU-ICV-CHA, cuyo portavoz laboral, Joan Coscubiela, ha asegurado que este decreto da "un paso más en la precariedad laboral" y en la "agresión a las mujeres y su derecho a trabajar y tener vida propia".

"Este decreto dificulta aún más eso al permitir prolongar la jornada con tres días de preaviso. Destacadas profesoras y catedráticas de Derecho del Trabajo se preguntan hasta cuándo el Gobierno continuará machacando a las mujeres con su política laboral y hasta cuándo pisoteará los derechos de las mujeres trabajadoras", ha añadido, en rueda de prensa.

No obstante, para fomentar la conciliación familiar y laboral el decreto del Ejecutivo amplía en cuatro años el periodo de tiempo en el que los trabajadores pueden solicitar una reducción de jornada para el cuidado de los hijos, de modo que se cubra hasta los doce años de edad del menor.

Equiparación de cotizaciones

La norma equipara, por otra parte, la cotización empresarial por desempleo de los contratos temporales a tiempo parcial con la de los de jornada completa, con un tipo único del 6,70%. Asimismo, se equipara la cuantía de la bases mínima de cotización para determinados trabajadores autónomos, elevando la cotización mínima de los afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social societarios o que tengan más de diez trabajadores.

Con este decreto, el Gobierno también potencia la distribución irregular del tiempo de trabajo, al permitirse compensar los excesos o defectos de jornada en una ‘bolsa de horas’ más allá del año; limita a un mes el periodo de prueba en los contratos temporales de seis meses de duración para acabar con una laguna legal; y se autoriza a las empresas de trabajo temporal a celebrar contratos en prácticas para la puesta a disposición de las empresas usuarias.

También se prorroga hasta final de año la posibilidad de celebrar contratos para la formación y el aprendizaje en materias en las que no existe título de formación profesional o certificado de profesionalidad, ni centros formativos disponibles para su impartición.