El Pleno del Congreso convalidará este jueves el decreto ley que elimina las licencias municipales previas para la apertura de pequeños comercios con una superficie inferior a 300 metros cuadrados, una iniciativa que el Gobierno no descarta aplicar a locales mayores y a otro tipo de actividades.

Según el Gobierno, se trata de una medida que busca cambiar la cultura administrativa, liberalizar el comercio, simplificar los procedimientos, agilizar los trámites y acabar con la burocracia pero, sobre todo, apoyar a todos los emprendedores que, en estos momentos de crisis, deberían tener la "alfombra roja" de la Administración para abrir y no dificultades para poder sacar adelante su negocio y sus puestos de trabajo.

La nueva normativa sustituye el procedimiento de solicitud de licencias municipales a priori que obligaba a esperas de hasta 24 meses para iniciar la actividad por un régimen de presentación de declaraciones responsables o comunicaciones previas a la actividad, facilitando el inicio y desarrollo de este tipo de negocios en particular y la actividad económica en general.

PSOE: la medida no es suficiente

Los socialistas, de momento, se debaten entre el voto en contra y la abstención, al considerar que los servicios de inspección y control españoles podrían "no ser suficiente" para hacer frente a las exigencias que ahora deberán hacer frente.

Según han indicado fuentes parlamentarias a Europa Press, aunque para algunos tipos de negocio esta agilización "puede ser buena", en otros casos puede ser "hasta un inconveniente permitir abrir con una mera declaración de responsabilidad".

"La medida tiene sentido en muchas ocasiones, pero en otras exigirá unos servicios de inspección y control de los que no dispone España. Y en esos casos no tiene sentido la mera declaración de responsabilidad, sino que es necesario una autorización previa y un control de que (dichos negocios) reúnen determinados requisitos, porque si no podría ser contraproducente", alertan desde el PSOE, avanzando que pedirán la tramitación de la norma como proyecto de ley.

Comercios afectados

En base a la clasificación nacional de actividades económicas, el ámbito de aplicación de esta norma se extiende en el comercio minorista, entre otros, a alimentación, frutería, carnicería, pollería, charcutería, pescadería, panadería, pastelería, heladería, tiendas de caramelos, bodegas y autoservicios de alimentación.

A ellas se suman el textil confección y hogar, peletería, herbolario y parafarmacia, perfumería, droguería, equipamiento del hogar, muebles, aparatos electrónicos, ferretería, material de construcción y saneamiento, bricolaje, venta de automóviles y accesorios, óptica, ortopedia, instrumentos musicales, antigüedades, librería, papelería, juguetería, joyería y plantas.

En la pequeña industria artesanal, están incluidas las actividades vinculadas al calzado y textil, mientras que en las actividades de servicios se incluyen agencias de viaje, actividades de promoción inmobiliaria, reparación de ropa y zurcido, reparación de calzado, peluquerías, institutos de belleza y estética, servicios de fotocopias y servicios de enmarcación.

Quedan excluidas las actividades que tengan impacto justificado y proporcionado en el patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación de los bienes de servicio público.

España ocupa el puesto 133 en una lista de 183 países en función de los trámites que es necesario cumplimentar para abrir un negocio según el estudio Doing Bussiness 2012 que elabora el Banco Mundial. Las cifras aportadas por la OCDE ponen de manifiesto que España es el segundo país de Europa donde más trámites es necesario cumplimentar para crear una empresa.

Ahorrar unos 50 euros

Según la memoria que acompaña al decreto, las nuevas licencias permitirán un ahorro a los empresarios de 53 euros de media en el permiso de apertura y otros 28 euros en la licencia de obra de carácter menor que suele preceder a la inauguración de un nuevo negocio.

Sin generar merma en la recaudación ni gastos extras para las administraciones públicas, esta medida permitirá que "los procedimientos sean menos gravosos para el emprendedor y, por tanto, que haya una mayor cantidad de establecimientos" que liquiden sus obligaciones fiscales.

En concreto, el Gobierno cifra en 80 euros el coste de presentar la solicitud de licencia por vía presencial y en 5 euros la vía telemática. Esas cantidades se reducirán hasta los 30 y los 2 euros, respectivamente. Por tanto, los ahorros individuales por este concepto alcanzarán los 50 euros para quienes sigan optando por entregar la solicitud y la declaración en persona y los 3 euros para quienes utilicen las nuevas tecnologías.

Dado que según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en España existen actualmente 724.348 empresas afectadas por la nueva norma, el Gobierno calcula que el ahorro total alcanzará los 36.217.400 euros para quienes recurran a la vía presencial, y a los 2.173.044 millones para quienes presenten la documentación por vía telemática.

En cuanto a las obras menores, habituales antes de abrir un nuevo establecimiento, el cambio normativo supondrá un ahorro de 21.730.440 euros (30 euros por establecimiento) por la presentación presencial de la solicitud de licencia, y 1.448.696 euros (2 euros cada uno) por la presentación telemática.

También hay que tener en cuenta, señala la Memoria, los ahorros que ocasionará la reducción de los tiempos de espera, ya que la licencia exprés permitirá abrir los nuevos negocios inmediatamente y las comprobaciones se realizarán a posteriori, incluso por empresas privadas si los ayuntamientos deciden gestionarlo por esa vía.

Con un baremo de ahorros de 20 euros cuando se reduce el tiempo hasta un 25%, el Gobierno calcula que se cada empresario podría ahorrarse unos 20 euros, lo que arroja un total de 14.486.960 euros. Una cifra que podría incrementarse si la espera es entre un 26 y un 50% inferior, rango para el que se estima un ahorro individual de hasta 60 euros.