La norma, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 30 de noviembre, prevé el incremento del 1% de todas las pensiones el próximo año –del 2% las que no lleguen a los mil euros– pero anula la paga compensatoria que, según la ley, deben recibir los pensionistas en diciembre para compensar su pérdida de poder adquisitivo.

Este incremento, que además tiene que consolidarse en el ejercicio siguiente, es inasumible en las actuales circunstancias económicas, según alega el Ejecutivo, que subraya no obstante que las pensiones se han incrementado tanto en 2012 como en 2013, si bien las subidas suponen que los jubilados haya perdido ya un 1,9% de poder adquisitivo en función del IPC de noviembre.

Recurrir al fondo de reserva

Además, el decreto autoriza al Gobierno a utilizar 3.530 millones de euros para el pago de las nóminas de los pensionistas en lo que queda de año, y además modifica el porcentaje máximo que se puede utilizar de la ‘hucha de las pensiones’, hasta ahora fijado en un 3%, para poder recurrir a ella cuando sea necesario.

Según el decreto, el límite será el equivalente al déficit que detecte la Intervención General de la Seguridad Social, y los recursos que se extraigan del Fondo sólo podrán ir destinados a abonar pensiones contributivas. Con estas decisiones, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, asegura que las pensiones están garantizadas.

Sin embargo, sus argumentos no consiguieron convencer a la oposición el pasado miércoles, cuando Báñez compareció ante la Comisión parlamentaria de Seguimiento del Pacto de Toledo para explicar por qué el Gobierno decide no actualizar las pensiones apenas un mes después de que el Pleno de la Cámara Baja, por unanimidad, aprobara una moción de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) comprometiéndose a cumplir este precepto normativo.

Todos en contra

En esa sesión de la Comisión, los argumentos de la ministra concitaron una unanimidad de argumentos en los partidos de la oposición pocas veces vista, y uno a uno todos los grupos (con excepción del PP) fueron anunciando que votarán en contra de la convalidación del decreto.

De hecho, a expensas de que algún partido del Grupo Mixto pudiera abstenerse o incluso apoyar a la mayoría parlamentaria, la oposición en pleno rechazará una medida que, consideran, incumple la normativa vigente, hurta a los pensionistas un derecho que han ido adquiriendo desde enero y castiga a uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad que, además, está sosteniendo en gran medida el consumo y las necesidades de las familias.

Los partidos de la oposición también critican duramente la "burla" al Congreso que ha perpetrado el Gobierno ‘popular’, incumpliendo una moción parlamentaria apoyada también por el PP y decidiendo la no revalorización tras semanas de declaraciones ambiguas, cuando no categóricas, respecto de que se cumpliría la ley.

No en balde, algunas formaciones como IU-ICV-CHA exigieron la dimisión de la ministra por "no tener credibilidad" y no saber mantener su palabra, mientras que otras como CiU anunciaron que solicitarán la tramitación del decreto como proyecto de ley para intentar pactar enmiendas.

Sin embargo, los escasos márgenes que deja el objetivo de déficit del 6,3% pactado con Bruselas para este ejercicio –y cuyo cumplimiento es cada vez más dudoso– ofrece pocas posibilidades para la negociación. La oposición critica asimismo la falta de diálogo del Gobierno de Mariano Rajoy que, en una materia tan sensible como las pensiones, no sólo se ha saltado "el último compromiso electoral que le quedaba por incumplir" por "motivos electorales", sino que también ha roto el tradicional consenso del Pacto de Toledo.

Con respecto al recurso al Fondo de Reserva, los grupos parlamentarios responsabilizan al Ejecutivo de las tensiones de liquidez que pueda estar sufriendo la Tesorería de la Seguridad Social, alegando que la reforma laboral y el resto de políticas económicas de austeridad que se están aplicando conllevan más paro (y menos cotizantes) así como una reducción del salario medio.

Control al Gobierno

El asunto de las pensiones será también objeto de debate el miércoles durante la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno. Así, la líder de UPyD, Rosa Díez, preguntará al presidente Rajoy "qué nuevos datos de la realidad le han impedido cumplir con su reiterada promesa de revalorizar las pensiones".

Mientras, en la calle, las organizaciones de jubilados y pensionistas de CC.OO. y UGT se movilizarán bajo el lema ‘Vamos a la calle, contra el recorte de las pensiones’, si bien las manifestaciones en Madrid tendrán lugar el martes 11.

Las plataformas sindicales recomiendan además a los pensionistas que presenten recursos administrativos ante la Seguridad Social para reclamar la revalorización y han pedido a la Defensora del Pueblo que promueva un recurso de inconstitucionalidad contra esta decisión del Ejecutivo ‘popular’, propuesta que también está promoviendo la Izquierda Plural –que necesita al menos la firma de 50 diputados para poder presentar el recurso– y que los socialistas estudian.