El Congreso de los Diputados ha convalidado hoy el Real Decreto-Ley 23/2012, de 24 de agosto de este año, por el que el Gobierno prorrogó hasta el 15 de febrero de 2013 el Programa Prepara, dirigido a la recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha destacado hoy durante su intervención ante el Pleno del Congreso que el "nuevo PREPARA" presenta una serie de mejoras con el objetivo de reformar la protección de aquellas personas que más lo necesitan y mejorar el objetivo de recualificación de los desempleados.

Báñez aseguró que los desempleados son la "absoluta prioridad" del Gobierno, que centra "todo su esfuerzo" en hacer las reformas económicas que permitan retornar "al crecimiento económico generador de empleo que España necesita".

En este sentido, la ministra de Empleo y Seguridad Social señaló que el Gobierno ha tomado medidas con una "celeridad" sin precedentes en este país –en tan sólo ocho meses de legislatura se han aprobado 9 leyes y 25 reales decretos-ley-. Sin embargo, el actual contexto económico recesivo dificulta que se puedan apreciar con claridad unos resultados "rápidos y contundentes", afirmó.

Mientras llegan los resultados esperados de las medidas aplicadas, afirmó Báñez, "es necesario dar una respuesta a aquellas personas que están en paro y se encuentran en una situación de especial dificultad", objetivo que persigue la nueva prórroga del Plan PREPARA.

Incrementar la empleabilidad e insertar a desempleados sin otros ingresos

El programa PREPARA, creado en febrero de 2011, se dirige a los desempleados que agotan otras prestaciones y subsidios y no cuentan con otras fuentes de ingresos suficientes. Se configura como una ayuda de 400 euros mensuales -que ahora se elevan a 450 euros para los parados con mayores cargas familiares- durante un máximo de seis meses, siempre vinculada a un itinerario específico para incrementar la empleabilidad e insertar a estos desempleados.

El programa ya fue prorrogado en dos ocasiones anteriores. Sin embargo, es la primera vez, desde la puesta en marcha del Programa, que el Gobierno realiza un informe de evaluación de sus efectos previo a su prórroga, pese a que era una condición obligatoria a la que, hasta ahora, no se había dado cumplimiento.

El análisis, según Báñez, ha revelado que se mantienen las circunstancias que justifican la continuación del Programa aunque "debe ser revisado".

La titular de Empleo y Seguridad Social afirmó que los resultados de los anteriores programas, tras el análisis, son "decepcionantes". Sólo el 7% de los beneficiarios se ha beneficiado de acciones formativas. Y en algunas autonomías donde las necesidades formativas tienden a ser mayores, el porcentaje no supera el 4,5 %, informó Báñez.

Del total de las acciones realizadas por los beneficiarios del programa, el 78% correspondía a actuaciones de orientación individual, el 19% a acciones de orientación grupal y menos del 3% a acciones formativas, "a pesar de las evidentes deficiencias del colectivo de beneficiarios en este aspecto", señaló.

Además, menos del 2% de los beneficiarios participó en acciones de impulso al emprendimiento y el 36% no accedió a la tutoría individual que constituye, según la ministra, "el primer paso" para el diseño de un itinerario personalizado de inserción.

La evaluación también ha puesto de relieve que el número de acciones por beneficiario fue de sólo 3,22, a pesar de que los beneficiarios estuvieron desempleados, de media, el 85% del tiempo de prestación.

El 67% de los beneficiarios, más de dos terceras partes, no estuvieron ocupados durante su participación en el Programa; el 8% estuvieron ocupados menos de un mes, y sólo el 18% más de dos meses. Además, menos del 1% de los beneficiarios obtuvo un contrato indefinido. Y el porcentaje de contratos indefinidos sobre el total de contratos del colectivo de beneficiarios es menos de la mitad que los contratos indefinidos sobre el total de contratos firmados en España entre el 15 de febrero de 2011 y 2012, informó.

En definitiva, concluyó Báñez, la evaluación ha puesto de manifiesto que la gran mayoría de los beneficiarios no consiguió ninguna ocupación y los que la lograron obtuvieron trabajos sobre todo de corta duración y casi nunca indefinidos. Además, las acciones realizadas para mejorar la empleabilidad del colectivo fueron "muy limitadas y deficientemente seleccionadas". Para Báñez, estos resultados muestran que "el programa no ha obtenido los objetivos que buscaba", lo que ha empujado al Gobierno ha introducir cambios en su regulación con el objetivo de "incrementar" su eficacia.

"Este Programa –recalcó la ministra- lo pueden pasar los beneficiarios sólo una vez en su vida. Y por lo tanto, esos seis meses tienen que ser, de verdad, una puerta a la formación para retornar al empleo".

Estas mejoras están dirigidas a incrementar su eficacia como mecanismo de inserción en el mercado de trabajo y a proteger a aquellos ciudadanos que se enfrentan a mayores necesidades. Y, también, a reforzar, en coordinación con las Comunidades Autónomas, la supervisión del Programa como medio para incrementar su eficiencia y para extender una cultura de evaluación continua de las políticas activas de empleo, en la línea del acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social con los agentes sociales.