El texto, que será defendido por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, incluye modificaciones en el régimen de cotización de los empleados del hogar, cambios en las pensiones, la congelación del precio de la bombona de butano durante el primer trimestre del año y otros artículos relativos a la tarificación eléctrica.

El decreto, que en la práctica supone una normativa ‘escoba’, ya ha sido criticado desde los diferentes partidos de la oposición, que consideran imposible realizar un debate serio y en profundidad ante una norma tan heterogénea.

Empleados del hogar

En lo relativo a los empleados del hogar, el decreto recoge una nueva escala de las bases de cotización por contingencias comunes en función de su retribución, con nuevos tramos y una nueva categoría máxima. Además, se reconoce la consideración de empresario en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y se precisan las modificaciones para los trabajados que presenten sus servicios durante menos de 60 horas mensuales por empleador.

También se regula la adecuación de la cotización por accidente de trabajo y enfermedad profesional para este colectivo, y se introduce una disposición referida a la obligación de domiciliar el pago de cuotas en este Sistema Especial de la Seguridad Social.

Una de las disposiciones finales suprime asimismo los beneficios establecidos por la legislación vigente en materia de cotización a favor de los empleadores de hogar en los supuestos en que no se alcancen las 60 horas mensuales de trabajo. Y se establece también la posibilidad de que estos trabajadores puedan asumir el cumplimiento de las obligaciones de cotización.

Incremento de las pensiones

En materia de pensiones, el decreto recoge el incremento del 1% para las retribuciones de los pensionistas españoles con carácter general –del 2% para las inferiores a mil euros mensuales–, y se dictan las normas específicas para mantener el orden preexistente.

También se introduce la previsión de que los complementos por mínimos no tengan carácter consolidable y que sean "absorbibles" con cualquier incremento futuro que puedan experimentar estas percepciones, además de precisarse las incompatibilidades de dichos complementos.

Asimismo, se regulan los requisitos para el acceso a los complementos por mínimos en los casos en que exista cónyuge a cargo del titular de la pensión y se fija el método de cálculo de estos complementos. Con respecto a las pensiones de orfandad, se "aclara la problemática" introducida por la Ley 27/2011 relativa al límite de edad para beneficiarse de estas retribuciones, ampliando la edad y eliminando la discriminación que se creaba hacia los discapacitados.

Con el objetivo de dar un plazo de tres meses a los grupos parlamentarios para negociar cambios en materia de prejubilaciones y jubilaciones parciales en el seno del Pacto de Toledo, el Ejecutivo también introdujo en este decreto la suspensión de los artículos relativos a estos aspectos de la Ley 27/2011, que entró en vigor el pasado 1 de enero.

También se modifican algunos aspectos técnicos sobre las cotizaciones del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, tales como la exigencia de una petición expresa de los trabajadores por cuenta ajena de ser incluidos en ese régimen durante los periodos de inactividad.

Sector energético

El último paquete de modificaciones que recoge el decreto ley hace referencia al sector energético. Por una parte, el Gobierno congela el precio de la bombona de butano durante el primer trimestre del año para no tener que repercutir a los consumidores una subida de casi el 19% del precio como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre el factor de aplanamiento, en tanto en cuanto se negocia un cambio en el sistema de fijación de precios.

Por otra parte, el Gobierno introduce una habilitación para la supresión o corrección del régimen económico primado para las instalaciones de generación de energía eléctrica de régimen especial no finalizadas con anterioridad al plazo límite o con equipos no previstos en el proyecto de ejecución en caso de constatación del incumplimiento de las obligaciones que constituyen presupuesto esencial de la definitiva adquisición de tal régimen.

El objetivo de este cambio es garantizar el objetivo final para el que fue establecido el mecanismo de preasignación de retribución para estas instalaciones. El decreto también establece que los desajustes temporales de liquidación del sistema eléctrico producidos en 2012 tengan la consideración de déficit de ingresos del sistema, generando derechos de cobro que podrán ser titularizados para no engrosar el déficit tarifario en 2013.