El decreto, que se justifica en la necesidad de "complementar" las medidas ya adoptadas de consolidación fiscal y reducción del déficit para alcanzar a final de año el objetivo del 5,3 por ciento acordado con Bruselas, completa tanto al decreto ley de Medidas Urgentes del pasado mes de diciembre como al proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que ya ha llegado al Congreso y comenzará su tramitación parlamentaria la próxima semana.

Entre las medidas incluidas en el decreto ley que se someterá a debate este jueves figura la polémica ‘amnistía fiscal’ que introduce un gravamen especial del 10 por ciento para las rentas no declaradas por contribuyentes del IRPF, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes que no estén siendo investigados por la Agencia Tributaria.

Además, también se fija un gravamen del 8 por ciento para los dividendos o participaciones en beneficios de fuente extranjera derivados que se repatríen antes del 31 de diciembre de 2012. Según el Ministerio de Hacienda, estas regularizaciones permitirán aflorar unos 25.000 millones de euros que hasta ahora no cotizaban.

Rechazo generalizado

Sin embargo, la recaudación de unos 2.500 millones de euros que Hacienda estima se derivarán de esta medida no ha convencido a los grupos parlamentarios, que desde la aprobación del decreto ley han criticado de forma generalizada la medida, junto con los sindicatos y algunos colectivos como el de los inspectores de Hacienda.

Así, diferentes dirigentes socialistas han calificado la ‘amnistía fiscal’ de "chollo para los defraudadores" y "expolio premeditado", y han apuntado que el Gobierno "escondía" los presupuestos porque incluyen "un proyecto que consiste en cobrar más a los trabajadores y quitar impuestos a los defraudadores" y trata a quienes respetan la ley como a "tontos".

Además, han anunciado un recurso de inconstitucionalidad contra la medida, diferenciándola de las amnistías que se llevaron a cabo en tiempos de Felipe González y diciendo que este tipo de iniciativas "ya no tienen sentido" y que son "injustas e inmorales".

También IU ha avanzado que llevará este asunto ante el Tribunal Constitucional por considerar que mientras se beneficia a "los defraudadores de cuello blanco se castiga a los ciudadanos que pagan sus impuestos cuando se descuidan".

Desde UPyD se han lanzado reproches morales a la medida porque "manda un mensaje de que se recompensa a quien defrauda" y se ha reclamado una reforma fiscal integral y un mayor esfuerzo en la lucha contra el fraude, acusando al Gobierno de "vender muy barata la conciencia fiscal" del país.

Ni los nacionalistas ni los partidos pequeños

La medida tampoco ha recibido una acogida especialmente cálida entre los grupos nacionalistas. CiU ha calificado de "desconcertantes" unos presupuestos que incluyen esta medida "extrema" de la amnistía pero no recogen ninguna otra propuesta de ingresos, mientras que el PNV ha tachado la decisión de "vergonzosa" y ha apoyado el anuncio de las diputaciones forales vascas de que no aplicarán la amnistía en sus territorios. UPN, que detenta el Gobierno en Navarra, también analizará su postura a este respecto.

Por último, los partidos minoritarios integrados en el Grupo Mixto han rechazado una medida que "premia a quien defrauda cuando se debería reforzar la inspección y el régimen sancionador" (BNG) y que "no es justa porque perdona a quienes no pagan mientras no se buscan soluciones alternativas a quienes no pueden pagar" (ERC).

Otros cambios fiscales

El decreto ley incluye asimismo otras medidas de tipo fiscal como la modificación del Impuesto de Sociedades para reducir y reestructurar las bonificaciones de las que pueden beneficiarse los empresarios y que actualmente alejaban el tipo impositivo nominal del real, haciendo que algunas grandes empresas pagaran menos tributos que las pymes.

El debate abordará por otra parte, las modificaciones de los impuestos sobre las Labores del Tabaco y sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, mejorando este último la capacidad de recaudación de los ayuntamientos, que ya no estarán obligados a reducir la base imponible cuando haya una revisión general de los valores catastrales.

En materia de gestión del patrimonio, el decreto ley incluye a todas las sociedades públicas en un plan de ahorro, racionalidad y gestión de edificios administrativos para conseguir una gestión más eficiente y simplificada, eliminando estructuras duplicadas como la Junta Coordinadora de Edificios Administrativos.