El principal objetivo de este Real Decreto, en vigor desde el 20 de septiembre en que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado, es mejorar la eficiencia de las políticas de empleo ante la "grave situación" de la economía española.

Así, el Gobierno ha apostado por mejorar la eficiencia de las políticas de empleo y con ello aconseja llevar a cabo nuevas reformas tendentes a reforzar la garantía de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en el acceso y mantenimiento en el empleo, comprometiendo al Gobierno para su inclusión en la Estrategia Española de Empleo.

Con ello, se modifican la Ley de 2003 de Empleo, de cara a conceder "oportunidades para colectivos con especiales dificultades: acciones y medidas de inserción laboral de colectivos que, de forma estructural o coyuntural, presentan especiales dificultades para el acceso y la permanencia en el empleo".

A estos efectos, a partir de ahora se deberá tener especialmente en consideración la situación de las mujeres víctimas de violencia de género, de las personas con discapacidad y de las personas en situación de exclusión social.

En relación a las personas con discapacidad, el Real Decreto establece que deberá incentivarse su contratación tanto en el empleo ordinario como en el protegido a través de centros especiales de empleo. Respecto a las personas en situación de exclusión social se impulsará su contratación a través de las empresas de inserción social.