El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves con el voto en solitario de los 182 diputados del PP y UPN, y la abstención de los miembros de UPyD, CiU y PNV el proyecto de ley de reforma del Código Penal en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, que la oposición ha criticado aduciendo que persigue únicamente justificar la ‘amnistía fiscal’.

La modificación prevé, entre otras cosas, penas de cárcel por el cobro indebido de prestaciones, castigos más duros por contratar a trabajadores sin la correspondiente alta en la Seguridad Social, y medidas para garantizar el cobro de las deudas con la Hacienda pública pese a la apertura de procedimientos judiciales.

Sin embargo, desde la oposición han criticado que se "criminalice" a los trabajadores o que se dé "inmunidad a los delincuentes de cuello blanco", a la par que han reprochado que una norma tan importante se haya tramitado en el Congreso en apenas quince días.

Posible inconstitucionalidad

El portavoz socialista de Justicia, Julio Villarubia, ha rechazado de plano un proyecto que "consolida la impunidad para los grandes defraudadores y delincuentes de cuello blanco, da cobertura legal a la amnistía fiscal, rebaja la pena a los que tienen dinero para pagar, rebaja las penas a los autores de las conductas más graves, hace desaparecer el hecho delictivo para los ricos y criminaliza a los trabajadores, desempleados y pensionistas".

"Lo que van a aprobar es, probablemente, inconstitucional y, en todo caso, injusto e inmoral. Aún están a tiempo de corregir este atropello", ha dicho el diputado, instando a los ‘populares’ a "rectificar" una norma "ideologizada" que "conculca principios esenciales del derecho penal" y constituye "un ejemplo magnífico del ‘derecho penal de los millonarios’".

Finalmente, el socialista ha calificado de "filibusterismo" la decisión del PP de sacar del texto una enmienda que se había aceptado previamente, con lo que se permite que sea causa de ineligibilidad electoral el haber sido sancionado administrativamente. "Es inaceptable, y van a tener que dejar a demasiada gente en el camino de sus candidaturas, señores del PP", ha añadido.

Es la ley de la "impunidad al defraudador"

Por su parte, el portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Gaspar Llamazares, ha afirmado que ésta es la "Ley Falciani", que "habla de transparencia y lucha contra el fraude pero los únicos que acaban en la cárcel son quienes lo denuncian". "Es un esperpento, es la ley de la impunidad del defraudador", ha insistido, asegurando que con esta reforma se "legitima el fraude de la ‘amnistía fiscal’ y de la política de indultos del Gobierno".

El diputado asturiano ha criticado además que se haya perdido una oportunidad para "abordar una política seria contra la corrupción y el fraude" y que el Ejecutivo se haya limitado a hacer una norma "de propaganda, que ni siquiera llega a los estándares europeos", ya que los umbrales para considerar delito determinadas acciones que se establecen son superiores a los de la normativa comunitaria.

Finalmente, Llamazares ha rechazado la "actitud clasista y criminalizadora" del Gobierno, que impone un "reproche de manga ancha" al fraude fiscal mientras impone "desproporciones de enormes consecuencias" por el fraude a la Seguridad Social, introduciendo sanciones penales a materias en las que "no hay dolo ni cantidad mínima". "No acabará entre rejas el que defrauda 118.000 euros a la Hacienda española y, sin embargo, sí lo hará quien compatibiliza una prestación social con una chapuza. El Código Penal está para otras cosas", ha concluido.

Tramitación acelerada

La diputada de CiU Mercé Pigem, por su parte, ha reconocido el acuerdo de los nacionalistas catalanes con el objetivo del proyecto de ley, pero ha criticado una tramitación "completamente veloz y acelerada" que, en prácticamente quince días, ha ventilado el debate en el Congreso de la norma.

"Aunque formalmente se ha respetado el procedimiento, la materialización del mismo ha sido tan apresurada que ha imposibilitado el debate sereno y fructífero de un proyecto que afecta a derechos fundamentales", ha reprochado, lamentando que únicamente se haya aceptado una enmienda de la oposición.

Emilio Olabarria, del PNV, ha criticado asimismo que se pierda la excusa absolutoria en los delitos de fraude, lo que a su juicio responde a la necesidad del PP de "incorporar (la ‘amnistía fiscal’) como fórmula de exoneración". No obstante, sí ha expresado su coincidencia con la el articulado relativo al cobro de las penas en paralelo a las sentencias judiciales, que a su juicio "no es contradictorio con el principio de prejudicialidad".

Es una reforma necesaria

Finalmente, el portavoz ‘popular’ de Justicia, José Miguel Castillo, ha replicado a la oposición que ésta es una "reforma necesaria" ante el alto nivel de fraude y economía sumergida, que se hace insostenible en una coyuntura económica como la actual. "La norma tiene como objetivo tratar de hacer más difícil el fraude, endurecer el reproche penal, dar efectividad a los mecanismos de cobro e impedir que, ante la impunidad, se extienda una cultura del engaño", ha dicho.

Así, ha reprochado a PSOE e IU-ICV que utilice "cualquier oportunidad" para oponerse al Gobierno, y les ha recordado que tendrán que explicar a los ciudadanos por qué se oponen a "castigar a quien defrauda" o a que "el fraude fiscal y laboral sea perseguido con la contundencia que se merece".

"La reforma no castiga a los que perciben indebidamente una prestación, sino que sanciona a quienes engañan para obtener una prestación indebida. Y en nuestro Derecho, la obtención de un beneficio económico a costa de otro mediante engaño se define como estafa", ha replicado ante las críticas al texto del proyecto.