El Pleno del Congreso ha convalidado por amplia mayoría el real decreto ley aprobado por el Gobierno con los primeros pasos del plan por el que las entidades locales podrán acogerse a créditos bancarios para saldar las deudas con sus proveedores, unos 35.000 millones de euros en total. La mayoría de los grupos, sin embargo, ha pedido además que se reforme la financiación municipal para resolver definitivamente el problema económico local.

La medida ha recibido el apoyo de toda la cámara salvo de Izquierda Plural, ERC, BNG y Compromís; el PNV ha optado por la abstención por las "inconcreciones" del texto y al entender que no afecta a los ayuntamientos vascos y navarros, acogidos al régimen foral. La mayoría absoluta del PP, y alegando que este plan de pagos es urgente, ha rechazado que el real decreto sea tramitado como proyecto de ley en el Congreso para introducirle así enmiendas, como había solicitado el PSOE.

La iniciativa ha contado con el apoyo del PSOE, CiU y UPyD, aunque todos sus portavoces han expresado pegas a algunos aspectos, como el tipo de interés que cobrarán las entidades financieras, alrededor del 5%, pero sobre todo han pedido que se resuelva el problema de fondo a su juicio de esta situación: la financiación local. También los portavoces de quienes han votado en contra, como Izquierda Plural o ERC, han exigido un nuevo modelo económico para las entidades locales.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha defendido la propuesta desde la tribuna; ha defendido la necesidad de tomar una medida así sin "perder un día más" y ha explicado que mañana se aprobará otro real decreto para concretar el mecanismo de financiación en el que se resolverán algunas de las pegas expresadas por la oposición. Se espera que el mecanismo de pago entre en funcionamiento el 1 de mayo.

En concreto, se precisará el papel de los interventores municipales, porque tal como está redactada la norma pueden suplantar a los alcaldes y los plenos municipales en la toma decisiones y se considera que esto atenta contra la autonomía municipal. El PSOE, incluso, ha advertido que acudirá al Tribunal Constitucional si no se corrige este punto. Además, Montoro ha asegurado que se "salvaguardará" la competencia de las CC.AA. de "velar" por las finanzas municipales.

Montoro ha defendido que además de inyectar dinero en la economía real y colaborar a salvaguardar puestos de trabajo en pymes y autónomas, la iniciativa ayuda a evitar "una imagen de España de morosidad". "Impulsamos la transparencia para generar credibilidad y confianza como país", ha añadido.

El problema de fondo, la financiación

Por parte del PSOE, Gaspar Zarrías ha apoyado la iniciativa para aliviar la situación de muchos ayuntamientos, pero sobre todo de miles de pymes y autónomos. Sin embargo, ha hecho hincapié en que un tipo de interés para pagar estos créditos del 5 por ciento "no es razonable" y ha exigido que ronde "como mucho" el 3 por ciento, tratándose además de una operación avalada por el Estado.

El portavoz socialista ha aprovechado la intervención para hacer sin embargo un ofrecimiento, un acuerdo para reformar la ley de gobierno local y la de financiación, "el problema de fondo". "El PSOE está dispuesto a sentarse mañana", ha dicho.

Algo parecido han defendido otros portavoces. Álvaro Anchuelo (UPyD) ha exigido que se delimiten las competencias locales, se termine con las denominadas "impropias", se estimule la fusión de municipios y se eliminen las diputaciones, entre otras medidas.

Por parte de Izquierda Plural, que ha votado en contra, Alberto Garzón ha rechazado que la financiación corra a cargo de los bancos y no del ICO, entre otras críticas al plan, que a su juicio "imita el peor proceder del FMI en sus peores tiempos, un asalto a la democracia municipalista".