La norma, que ha salido adelante con el apoyo del PP y Foro Asturias (FAC) y el rechazo del resto de la oposición, prevé la creación de un nuevo organismo que analice las previsiones económicas de los diferentes niveles de la administración y controle el cumplimiento de los planes de estabilidad o programas económico-financieros, entre otros, pudiendo emitir recomendaciones o activar los mecanismos de corrección que prevé la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

El organismo estará adscrito al Ministerio de Hacienda –y no a las Cortes Generales, como pedía la mayor parte de los partidos de la oposición para garantizar su independencia– y se financiará fundamentalmente a través de las tasas que cobrará a las administraciones por sus informes.

En el debate de este miércoles se han ventilado las enmiendas recogidas en la ley durante su paso por el Senado, que son fundamentalmente técnicas, salvo la que extiende el mandato del presidente de la Autoridad, dando así respuesta a una de las críticas que compartía toda la oposición, que alertaba que plazos tan cortos de mandato hacían que el presidente de la Autoridad fuera muy poco independiente del Gobierno.

Otros cambios

Las otras tres modificaciones introducidas en la Cámara Alta prevén que la Autoridad no esté obligada a someter a audiencia previa sus informes sobre otras administraciones, sino que será una potestad facultativa para que los afectados puedan indicar errores, ambigüedades o imprecisiones.

Además, se dará la posibilidad a que las comunidades autónomas o entidades locales puedan solicitar estudios a la Autoridad Fiscal, aunque cuando afecten a competencias de otras administraciones deberán tramitarlo a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) o de la Comisión Nacional de Administración Local.

Por último, se introduce una precisión para que los planes económico-financieros y los planes de reequilibrio sólo tengan que ser presentados "en los supuestos en que resulte preceptivo", en coherencia con el resto del articulado.

Ni autoridad ni independiente

El portavoz socialista de Hacienda, Pedro Saura, ha acusado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de aprobar una ley que es "un chiringuito gubernamental para poder nombrar a un mayordomo que, durante seis años, valore sus cuentas públicas" y que, tras el cambio de duración del mandato en el Senado, se quedará incluso cuando cambie el Gobierno. "La ley ha empeorado y mucho", ha dicho.

Además, cree que es una "irresponsabilidad preocupante" que con la crisis de deuda que atraviesa España, el Gobierno no cree una autoridad realmente independiente que garantice la confianza en el país, y ha asegurado que con un presidente "puesto a dedo" nadie se va a creer que es una autoridad independiente.

El portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), José Luis Centella, rechaza el principio por el que se crea esta Autoridad, que "consolida el dogma de la estabilidad presupuestaria como modelo para afrontar la crisis que para nada tiene en cuenta la economía real". Además, tampoco cree que sea un organismo independiente de los poderes económicos ni que vaya a ayudar a sacar al país de la crisis.

El portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha reiterado los argumentos en contra de este organismo, que tendrá "muy poca autoridad, porque no hará previsiones sino que opinará sobre las que hagan otros" y que "aún va a tener menos independencia" orgánica o de financiación. "Nada de esto cambia con las enmiendas del Senado, por lo que nuestra postura tiene que seguir estando radicalmente en contra", ha apostillado.

Asimismo, ha criticado que la enmienda sobre el mandato del presidente se haya incluido en el Senado cuando se rechazó una propuesta idéntica de la formación magenta en el Congreso. "Es una perversión", ha dicho, recriminando asimismo que no se haya acompañado ese cambio de otras enmiendas para garantizar que el presidente sea independiente. "Cuando uno de los suyos esté en la Presidencia sí quieren que esté durante un largo mandato", ha espetado a los ‘populares’.

Vulnera competencias autonómicas

Toni Picó, de CiU, ha insistido en que los nacionalistas catalanes habrían apoyado una autoridad "transparente, independiente y solvente", pero rechazan este proyecto de ley porque "no configura una autoridad independiente, incorpora nuevos recortes a la autonomía financiera de las comunidades y vulnera competencias autonómicas". "Ni en el Congreso ni en el Senado se han corregido ninguno de estos aspectos", ha lamentado.

Además, ha criticado que las enmiendas del Senado modifican "de forma no poco importante" aspectos que fueron acordados entre CiU y el PP en el Congreso. "Se autoenmiendan de una cámara a la otra. En sólo doce días cambian de opinión. Lo que era bueno para ustedes, doce días después ya no lo es. La confianza para alcanzar acuerdos se rompe cuando se desdicen en el Senado lo acordad en el Congreso", ha reprochado a los ‘populares’.

Por el PNV, Emilio Olabarria ha dicho que esta ley es "errática" porque el nuevo organismo "ni es autoridad, ni es fiscal, ni es independiente" y vulnera competencias autonómicas. Además, ha señalado que esta norma, junto con otras como la de Unidad de Mercado, son "esbirros" del Gobierno para "controlar el cumplimiento de los requerimientos del déficit". "Ésta es una autoridad superflua que no conseguirá sus objetivos", ha pronosticado.

Carlos Salvador (UPN), que ha comenzado expresando su voluntad de cumplir los principios de estabilidad, ha explicado que si no apoya el proyecto es porque no se ha aclarado cómo se aplicará la nueva tasa a Navarra, que cuenta con un régimen fiscal propio, y también ha expresado su temor de que la nueva Autoridad se convierta en "un gran hermano que diga qué y cómo hay que hacer las cosas, o que pretenda coartar o tutelar a la Administración navarra".

Con la autoridad, la herencia habría sido otra

El ‘popular’ Joaquín Villanova ha pedido no obstante a la oposición que apoye el proyecto de ley, alegando que durante su primer paso por el Congreso se aceptaron enmiendas de algunos grupos y defendiendo que también en el Senado se han tenido en cuenta sus propuestas.

Además, ha justificado los cambios de la Cámara Alta en que "también los senadores cuentan y tienen mucho que decir" y ha replicado a CiU que pese a las enmiendas aprobadas se respeta lo que querían los nacionalistas catalanes, porque "las comunidades podrán conocer previamente el informe de la Autoridad antes de que se publique".

"Si hubiéramos tenido esta Autoridad antes no habríamos tenido la herencia que hemos tenido", ha añadido, dirigiéndose a los socialistas, y ha recordado además que este organismo da cumplimiento a una exigencia de la UE, señalando que el compromiso con la estabilidad "es parte de una nueva normalidad". "Con este organismo se contribuirá a que España refuerce la confianza ante los mercados financieros y se consolidará el Estado del Bienestar", ha zanjado.