Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, los grupos parlamentarios están ya trabajando en el listado de comparecientes, entre los que figurarán catedráticos, instituciones, plataformas, juristas y académicos que expondrán sus puntos de vista sobre la futura norma, que hará que España deje de ser uno de los pocos países sin Ley de Transparencia.

A la espera de cerrar la lista definitiva de expertos que acudirá a la Cámara Baja, ya hay dos nombres cuya presencia se da por segura: el presidente del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), Benigno Pendás, y el presidente de la Agencia de Protección de Datos (APD), José Luis Rodríguez Álvarez, han indicado las fuentes consultadas.

En cuanto se cierre ese listado, se pedirá a la Mesa del Congreso que, en su reunión del día 10 de enero, habilite a la Comisión Constitucional para poder celebrar esas comparecencias en un mes que la Constitución sitúa fuera del periodo ordinario de sesiones.

Amplio plazo de enmiendas para buscar consenso

Desde que se abriera el plazo de enmiendas el pasado mes de septiembre, se ha ido ampliando semanalmente con el objetivo de dar tiempo a los grupos parlamentarios para estudiar con calma la norma e intentar alcanzar el máximo consenso posible.

De hecho, el Gobierno empezó recabando opiniones desde el primer momento. Así, antes de que el Consejo de Ministros aprobara el proyecto de ley –el pasado 27 de julio– se impulsó en abril la creación de una comisión de expertos en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales para hacer aportaciones al texto, que en aquel momento aún estaba en fase de elaboración.

También en la pasada primavera, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, abrió la norma a un trámite de audiencia pública para que los ciudadanos pudieran realizar sugerencias y críticas a la ley. Algunas de ellas se incorporaron pero no la petición para que la Casa del Rey se sometiera también a la Ley de Transparencia, como reclamaban algunos ciudadanos y colectivos.

En la exposición de motivos de la ley, se subraya que "la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política". Según añade, los países con mayores niveles en materia de transparencia "cuentan con instituciones más fuertes" porque "permitiendo una mejor fiscalización de la actividad pública se contribuye a la necesaria regeneración democrática, se promueve la eficiencia y eficacia del Estado y se favorece el crecimiento económico".

La Ley tiene tres ejes. En primer lugar, pretende reforzar la transparencia en la actividad pública –que se articula a través de obligaciones de publicidad activa para todas las Administraciones y entidades públicas–. Además, apuesta por reconocer y garantizar el acceso a la información y, en tercer lugar, y establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento.