La portavoz del PSOE en la Comisión de Igualdad, Carmen Montón, ha explicado que este aplazamiento se debe a que aún no se ha debatido en el Pleno de la Cámara baja la enmienda a la totalidad presentada por UPN, ERC y PNV.

"Aunque lo lógico es que no prospere, por estar en minoría, hay que esperar a que se debata en septiembre, para después presentar las enmiendas parciales al texto por el resto de los grupos parlamentarios", ha argumentado.

Montón se ha mostrado "convencida" de que la ley se aprobará antes de que finalice la Legislatura, no sin reconocer que "lo ideal" habría sido que se hubiera tramitado por la vía de urgencia en el Congreso, una posibilidad que fue rechazada por varios grupos parlamentarios el pasado 7 de junio.

Asimismo, ha señalado que aún siguen llegando reivindicaciones de colectivos y asociaciones tanto de discapacidad como de mujeres, entre otros, que pueden servir a los grupos para que las incorporen a su batería de enmiendas. "Dar más tiempo a este trabajo no influye en nada a los tiempos de la ley", ha apostillado.

La diputada socialista ha reconocido también que se trata de una ley "muy compleja, que conviene reflexionarla", aunque también ha advertido de que "lleva ya tres años dando vueltas y perfeccionándose".

Aunque el Gobierno tenía previsto sacar adelante la norma el pasado mes de diciembre de 2010, el Consejo de Ministros no la aprobó el proyecto hasta finales de mayo el proyecto de ley. A renglón seguido, el Ejecutivo anunció su petición para tramitarla en el Congreso por el procedimiento de urgencia, lo que suponía acortar a la mitad todos los plazos parlamentarios.

El PP ya anticipó su oposición a esta tramitación acelerada, al considerar que es un texto "complejo" que ha suscitado dudas incluso entre los órganos consultivos que lo han examinado. La posición del Grupo Popular se impuso así en la Mesa del Congreso al recabar el apoyo de CiU y PNV, quedándose el PSOE en minoría.

Entre otras medidas, el proyecto de ley permite eliminar los conciertos educativos a los centros que separen por sexo a sus alumnos, crea una Autoridad Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación y establece un régimen sancionador con multas que pueden ir desde los 300 euros en casos leves hasta un máximo de 40.000 en los graves y de 500.000 en los supuestos muy graves.