Los distintos grupos parlamentarios han solicitado que el Congreso escuche a unos 40 expertos, comparecencias que se sustanciarán entre finales de enero y el mes de febrero. Dado que enero es un mes inhábil a efectos parlamentarios, el presidente del Congreso, Jesús Posada, va a habilitar a la Comisión Constitucional para que pueda empezar a recibir a los comparecientes antes de febrero.

En esa primera sesión, los ponentes escucharán a cuatro expertos que han sido solicitados por todos los grupos. En concreto, han sido citados el presidente de la Agencia de Protección de Datos, José Luis Rodríguez, y el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla Emilio Guichot.

También podrán hacer sus intervenciones en esa jornada dos representantes de la organización no gubernamental Transparencia Internacional, encargada de combatir la corrupción: su presidente, Jesús Lizcano, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, y el abogado Antonio Garrigues Walker.

El resto de comparecencias, que aún están pendientes de definir, se celebrarán a lo largo del mes de febrero y, entre ellas, podría incluirse la del presidente del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), Benigno Pendás, han indicado las fuentes consultadas.

Enmiendas parciales

Estas comparecencias condicionan el plazo para la presentación de las enmiendas parciales a la Ley de Transparencia que, en principio se ha fijado para el 5 de febrero.

Desde que se abriera el pasado mes de septiembre, este plazo se ha ido ampliando semanalmente con el objetivo de dar tiempo a los grupos parlamentarios para estudiar con calma la norma e intentar alcanzar el máximo consenso posible.

De hecho, el Gobierno empezó recabando opiniones desde el primer momento. Así, antes de que el Consejo de Ministros aprobara el proyecto de ley –el pasado 27 de julio– se impulsó en abril la creación de una comisión de expertos en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales para hacer aportaciones al texto, que en aquel momento aún estaba en fase de elaboración.

También en la pasada primavera, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, abrió la norma a un trámite de audiencia pública para que los ciudadanos pudieran realizar sugerencias y críticas a la ley. Algunas de ellas se incorporaron pero no la petición para que la Casa del Rey se sometiera también a la Ley de Transparencia, como reclamaban algunos ciudadanos y colectivos.