El Ministerio de Economía y Hacienda destaca, en un comunicado, que este foro es un instrumento para impulsar una relación más innovadora y cooperativa entre las empresas y la administración tributaria, tanto en materia de prevención y lucha contra el fraude como en la mejora de la seguridad jurídica de los contribuyentes.

El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Juan Manuel López Carbajo, y el director general de la Agencia Tributaria, José María Meseguer, han asistido a la reunión del Foro de Grandes Empresas, en el que también han estado presentes 27 empresas que forman parte del mismo, como Banco Santander, Caja Madrid, Endesa, Gas Natural-Fenosa, Amadeus, Iberia, Mercadona, Repsol, Vodafone, ACS, BBVA, El Corte Inglés o Inditex.

Según Hacienda, el Foro ha despertado un "interés creciente" en los organismos internacionales, dado que permite conocer de forma directa las dudas de las empresas sobre la aplicación de las normas fiscales. El Comité de Seguimiento del Código de Buenas Prácticas está debatiendo, en este sentido, diversas opciones de carácter organizativo y de instrumentación jurídica para habilitar un sistema de contestaciones al respecto.

REDUCE EL FRAUDE FISCAL.

El departamento de Elena Salgado destaca que la adhesión al Código de Buenas Prácticas aumenta la transparencia y la cooperación en la práctica fiscal e impone un conjunto de recomendaciones para evitar la utilización de estructuras fiduciarias opacas, intensifica la colaboración en la detención de prácticas fraudulentas y mejora la información a los consejos de administración de las políticas fiscales aplicadas.

En el ámbito de la reducción de cargas administrativas, el trabajo del foro ha permitido promover la posibilidad de que las empresas dispongan de 30 días de cortesía a su elección para no recibir notificaciones tributarias, siempre que estén adscritas al sistema de notificaciones electrónicas.

En cuanto a los precios de transferencia, Hacienda indica que se están analizando las decisiones aprobadas en la OCDE y en la UE, al objeto de avanzar de forma conjunta en la definición de criterios de aplicación comunes.