Según indica esta organización en un comunicado, el tratado internacional de la discapacidad establece en su artículo 19 como derecho prevalente de las personas con discapacidad el de poder llevar una vida independiente y el de ser incluidas en la comunidad, como unos miembros más, en igualdad de condiciones con la demás ciudadanía.

Para alcanzar este fin, el Cermi recuerda que los Estados parte de la Convención, entre ellos España, han de promover políticas que aseguren unas condiciones que "permitan a las personas con discapacidad poder decidir por sí mismas, en todos los ámbitos de su existencia, sin restricciones espurias, para lo cual deberán contar con los apoyos precisos, así como participar activamente en la vida en comunidad, sin verse relegadas o apartadas, por razón de su discapacidad, a ámbito segregados o específicos, al margen de la corriente ordinaria de la sociedad".

Sin embargo, esta entidad advierte de que si se compara este mandato con la realidad española, se comprueba que son todavía "muchas" las políticas, estrategias, acciones y prácticas provenientes de Administraciones públicas que "carecen del enfoque inclusivo exigido por la Convención, y que perpetúan la visión segregadora y asistencialista, sin vigencia alguna".