Así se recoge en una de las 37 enmiendas que se ha registrado en el Congreso al proyecto de ley de Ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, que fundamentalmente traspone a la normativa española directivas comunitarias en materia de control de los bancos.

En la enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP plantea que se grave con un 0,01048 por mil el importe de los activos totales de los grupos consolidables en los que estén integrados los sujetos pasivos declarados al Banco de España a fecha de 31 de diciembre de 2013. En este grupo se incluye tanto a las entidades de crédito sujetas a la evaluación global como los bancos a los que las cajas de ahorros hayan traspasado su negocio financiero.

Convenio entre la AEAT y el Banco de España

La tasa se devengará una única vez el 31 de diciembre de 2014 y su pago será gestionado, en la fase voluntaria, por el Banco de España, y en el periodo ejecutivo por la Agencia Tributaria (AEAT), para lo cual será necesario firmar un convenio entre ambas instituciones.

Para pagar, el supervisor pondrá en marcha varias cuentas bancarias. Posteriormente, las cantidades recaudadas se integrarán en el presupuesto del Banco de España y quedarán vinculadas con el pago de los gastos que se deriven de realizar las tareas relacionadas con la evaluación global de las entidades de crédito.

Según dicen los ‘populares’ en la justificación de la enmienda, esta tasa es necesaria para financiar las contrataciones que el Banco de España ya ha puesto en marcha y que permitirá que expertos independientes (firmas auditoras y consultas) participen en la evaluación de las entidades de crédito significativas españolas. Dichos contratos ya han sido resueltos por un precio estimado de 32,64 millones de euros.

Y es que antes de que el BCE se convierta en el Mecanismo Único de Supervisión, las entidades de crédito europeas se someterán a una evaluación global, en la que las autoridades de cada estado miembro están "obligadas a colaborar", correspondiéndoles "la ejecución material y los costes" de la evaluación en su país.

Por otra parte, los ‘populares’ han incluido entre sus enmiendas una propuesta que ya había registrado el PNV para que el Banco de España envíe anualmente a las Cortes Generales los resultados agregados de las pruebas de resistencia "tan pronto como estén disponibles", y no únicamente la memoria de las actuaciones que hayan dado lugar a medidas de intervención o sustitución como recoge el proyecto de ley.