Según este colectivo, las nuevas tasas provocarán que muchos conductores renuncien a defender sus derechos por la vía judicial y a entablar procedimientos en los que la Administración resulte demandada, principalmente en los de una menor cuantía.

La asociación, que interpone anualmente demandas contencioso-administrativas por valor de 10 millones de euros, considera que con esta nueva normativa el "principal moroso que hay en España, que no es otro que el propio conjunto de las Administraciones públicas", se dota de un instrumento legislativo en el que, "como juez y parte, se otorga a sí mismo la capacidad por la vía de la disuasión de no pagar lo que, en justicia, debe".

En todo caso, la asociación recuerda que los recursos de multas por la vía ordinaria (no judicial), que representan el 90 por ciento de los expedientes por sanciones que se tramitan, se encuentran exentos de las tasas judiciales, ya que su resolución no corresponde a ninguna instancia judicial.

En los próximos días, Dvuelta, a través del conducto legal pertinente, pedirá a la Oficina del Defensor del Pueblo a que inste la inconstitucionalidad de esta ley, sumándose a las acciones que en este sentido emprenderán asociaciones de jueces, abogados y fiscales.