En un comunicado, CSI-F ha recordado que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite tres nuevas cuestiones de inconstitucionalidad, lo que constata las "justas reivindicaciones" de los empleados públicos contra una medida de carácter "confiscatorio" y de "dudosa e injusta aplicación".

Según el sindicato, el Gobierno nunca debió suprimir la paga extra y no debe perder más tiempo negociando con los sindicatos para determinar los cauces para su devolución. "Cada día que pasa crece el agravio contra un colectivo injustamente maltratado desde el comienzo de la crisis", asevera.

Además, recuerda que ya ha reclamado en varias ocasiones la convocatoria urgente de la mesa general de las administraciones públicas para negociar la devolución y evitar que los múltiples contenciosos iniciados en toda España colapsen el funcionamiento de la Justicia y supongan un coste añadido al Estado.