La delegación sindical que presentará la petición del recurso estará encabezada por los secretarios de Política Social de CC.OO. y UGT, Carlos Bravo y Carmen López, respectivamente, así como por los secretarios generales de las organizaciones de pensionistas y jubilados de ambos sindicatos, Julián Gutiérrez (CC.OO.) y Santiago Alejo (UGT).

Paralelamente, los sindicatos han realizado una ‘ofensiva’ parlamentaria en los últimas días para instar a los partidos de la oposición a que presenten recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de las pensiones.

Aunque parecía que la oposición en bloque se iba a unir en un recurso único, algo que no ha sucedido nunca en Democracia, finalmente no serán todos los Grupos Parlamentarios de la oposición quienes se sumen a esta iniciativa, pero sí la mayoría, entre ellos el PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, CiU, PNV y parte del Grupo Mixto. De este recurso conjunto se han descolgado ERC y Compromís ante el veto del PSOE y UPyD a la entrada de Amaiur.

Sindicatos y oposición entienden que el decreto es inconstitucional porque conlleva una aplicación retroactiva de las leyes, lo cual está prohibido por la Constitución.

Según explicaron en su momento, la revalorización de las pensiones es un derecho que los ciudadanos tenían garantizado hasta el decreto ley y que comienza a devengarse el 1 de enero de cada año, por lo que el Gobierno no puede suprimirlo retroactivamente.

En los últimos meses, CC.OO. y UGT han acudido a la Defensora del Pueblo en varias ocasiones para recurrir ante el TC normas aprobadas por el Gobierno del PP, como la reforma laboral y el decreto antidéficit que eliminaba la paga extra de Navidad de los empleados públicos.

Mientras tanto, los sindicatos sigue utilizando la calle para expresar su rechazo a estas medidas. Este mismo lunes, y como integrantes de la Cumbre Social, participarán en el más de medio centenar de manifestaciones y concentraciones que se han convocado para protestar contra la no compensación a los pensionistas y la subida de las tasas judiciales, entre otras medidas.