En concreto, y de manera extraordinaria, CC.OO. reunirá a su Consejo Confederal y UGT a su Comité Confederal para analizar esta cuestión y decidir si las políticas de recorte del Gobierno y los Presupuestos Generales del Estado para 2013 merecen un paro general, el segundo en un mismo año y el segundo también para el Gobierno de Mariano Rajoy.

Los secretarios generales de UGT y CC.OO., Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, respectivamente, creen que la huelga general estaría justificada ante el "brutal" ajuste que ha llevado a cabo el Ejecutivo español. En cualquier caso, este viernes lo decidirán tras un debate en sus máximos órganos de dirección.

"Lo que puedo anticipar es que la propuesta (de movilización) va a tener una perfecta simetría con la gravedad, que no tiene precedentes, de la situación económica, de paro y deterioro del estado de Bienestar", insistió ayer en Bruselas el secretario general de UGT.

La jornada europea de protestas prevista para el 14 de noviembre tiene por objetivo mostrar "la firme oposición a las políticas de austeridad que no están generando confianza, sino que están generando aumento de paro y una recesión económica en Europa y en el sur de Europa, y que está avanzando de manera irrefrenable", afirmó ayer Toxo.

De convocarse finalmente una huelga general para el próximo 14 de noviembre, como todo parece apuntar, sería la séptima huelga general de 24 horas de la historia de España y la tercera que se convoca a un Gobierno del PP.

También sería la primera vez que se celebra un paro general en campaña electoral (la de Cataluña) y, aunque los sindicatos nunca han querido situar una movilización así en fechas electorales, entienden que esta vez estaría justificado por enmarcarse la huelga en una jornada de lucha europea.

La última huelga general, con Mariano Rajoy al mando del país, se celebró el pasado 29 de marzo. Con ella, los sindicatos querían conseguir echar para atrás la reforma del mercado laboral que se aprobó en febrero y que, según argumentan, abarata y facilita el despido. Casi ocho meses después de su entrada en vigor, los sindicatos sostienen que la reforma ha sido un fracaso y que sólo ha servido para acelerar la destrucción de empleo.