Según ha indicado el secretario de Seguridad Social y Previsión Social de CC.OO., Carlos Bravo, en declaraciones a Europa Press la decisión fue adoptada en la mañana de este domingo y en estos momentos se está preparando el argumentario que será trasladado a la Defensora del Pueblo.

Los sindicatos no tienen competencia para presentar por sí mismos un recurso de inconstitucionalidad, por lo que han de recurrir a instancias como la Defensora del Pueblo para poder promover esta iniciativa.

El sindicato sostiene que la decisión del Gobierno de no compensar en 2012 la desviación del IPC de 1,9 puntos porcentuales supone la privación con efecto retroactivo de derecho generado por los pensionistas durante todo el año 2012, a falta únicamente de que se realice el pago compensatorio.

En este sentido, la central considera que el Gobierno ha vulnerado el artículo 9.3 de la Constitución, por el que se garantiza, entre otras cosas, "la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales", así como el artículo 48 de la Ley General de la Seguridad Social, que regula la revalorización de las pensiones con arreglo a la evolución de los precios.

La congelación de Zapatero no tuvo efecto retroactivo

Preguntado por qué no se promovió un recurso de inconstitucionalidad contra la congelación de las pensiones que el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero llevó a cabo en mayo de 2010, Bravo ha argumentado que entonces se suspendió por la vía del decreto el artículo 48 de la Ley General de la Seguridad Social con efectos en 2011, con lo que no existió ningún efecto retroactivo.

"Zapatero suspendió la ley antes de que desplegara sus efectos con lo que no podíamos recurrir al Constitucional. Ahora se anulan los efectos cuando ya se ha generado un derecho", ha aclarado, para enfatizar que, en cualquiera caso, "los sindicatos mostraron la misma oposición y el mismo reproche contra el Gobierno anterior".

Según CC.OO., la decisión de recurrir a la Defensora del Pueblo se debe a que es "la opción más inmediata". La última vez que los sindicatos tomaron esta vía, para llevar ante el Constitucional la reforma laboral, Becerril desestimó su petición.

De ocurrir lo mismo en esta ocasión, Bravo ha recordado que existen otros cauces, como interponer el recurso a través de los grupos parlamentarios o de las comunidades autónomas.