Según ha recordado, pese a que el proceso de integración de estas empleadas en el Régimen General ha sido un "éxito" ya que no hay "otro precedente de empleo irregular con mejores datos", una vez finalizado el plazo en julio de este año es necesario mantener los esfuerzos para que más trabajadoras se integren en este régimen.

Así, ha recordado que la reducción de cuotas de cotización en un 20% para los empleadores puesto en marcha para incentivar este proceso sólo estará vigente hasta 2014, con lo que será necesario buscar nuevos incentivos fiscales que, según ha precisado, deberían ser ponderados en función del nivel de renta.

"Hay que buscar fórmulas para que todo el mundo pueda acceder (a estos incentivos), y quizá se podría combinar la bonificación con el incentivo, que deja fuera a las personas con menos recursos que no siempre tienen obligación de hacer declaración de la renta", ha precisado.

Mejorar la información

Ésta es una de las propuestas desgranadas por Bravo ante los diputados para seguir aflorando empleos en el ámbito doméstico, entre las que también ha incluido campañas de información en los medios generales sobre las ventajas que la integración en el Régimen General de la Seguridad Social tienen tanto para las empleadas como para las familias, que deben combinarse, a su juicio, con otras de carácter inspector.

Especial interés ha puesto el representante de CC.OO. a la hora de demandar información personalizada para las empleadas del hogar sobre la posibilidad de suscribir un convenio especial con la Seguridad Social en caso de que sean discontinuas –tienen obligación de cargar al completo con su cotización– cuando hayan extinguido la relación laboral, para que "nadie quede fuera del sistema".

Por último, desde CC.OO. se insta también ha llevar a cabo una simplificación de los formularios para que el proceso de alta de estas empleadas en el Régimen General sea más sencillo, y proscribir los formularios generalizados. "Sugerimos que la comunicación inicial se mantenga y se modifique automáticamente cada primero de año con una revalorización del IPC, salvo que empleador y empleada comuniquen en cualquier momento otra cosa, que será la que valga", ha precisado.

El proceso ha sido un "exito"

Por otro lado, el secretario de Seguridad Social y Previsión Social de CC.OO. ha asegurado que el proceso de integración que finalizó en julio de este año ha sido un "éxito", como demuestra el hecho de que "es el único colectivo que permanentemente está teniendo un comportamiento positivo" en la afiliación, si bien ha reconocido que es pronto para hacer una valoración definitiva.

En primer lugar ha asegurado que ha permitido aflorar un tercio del empleo sumergido en este ámbito, de forma que, a falta de que la próxima semana se conozcan datos de afiliación al Régimen Especial de Empleadas del Hogar, las cifras que manejan en el sindicato a partir de los registros de la Seguridad Social apuntan a que las afiliadas a mediados de noviembre superaban las 411.000 personas.

Además, a estas cifras habría que sumar otras 1.870 empleadas del hogar que aún no constan oficialmente en las estadísticas por encontrarse en situación de incapacidad temporal. Según la EPA, unas 640.000 personas trabajan como empleadas del hogar.

Bravo ha destacado también el incremento de relaciones laborales, que han pasado de 294.916 en diciembre del pasado año a 528.000 a mediados de noviembre, lo que supone un 79% más, un "incremento notabilísimo". De esas personas "al menos 500.000 han regularizado su situación con mayor o menor resistencia".

En su opinión, estas cifras "contradicen de manera empírica la idea que se presenta en ocasiones de un proceso administrativo insoportable para las familias". "Conviene simplificarlo en todo lo que se pueda, facilitar trámites y prever fórmulas para evitar obligaciones de actualización de información futuras, pero no escudarse en esta cuestión para revertir un proceso que se desarrolla de forma más que razonable", ha dicho.

El coste "coyuntural" del proceso

Por otro lado, Bravo ha recordado que el informe que el Gobierno remitió al Pacto de Toledo en septiembre indicaba que los ingresos por cotizaciones caerían en 63 millones en 2012, si bien ha dicho que este fenómeno era "más que previsible" y que el propio Ejecutivo lo consideraba "coyuntural".

En este sentido, ha recalcado que en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013 se prevé un incremento "muy notable" de estos ingresos, gracias a las nuevas altas, que compensarán el efecto de este ejercicio. Además, si no se hubieran incluido los incentivos a la regularización el efecto en la recaudación habría sido "neutra".

Entre las críticas a la norma, el sindicalista ha recordado que "falta por regular la protección social en caso de desempleo", así como "otras cuestiones" incluidas en la ley pero que "están sin cumplir".

Por último, Bravo ha instado al Gobierno a ratificar el convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el empleado del hogar "cuanto antes", trasladando la regulación en materia de negociación colectiva en este sector para fijar las "condiciones base".

DISPUESTOS A ESTUDIAR LAS PROPUESTAS

"Analizaremos y estudiaremos las propuestas concretas de CC.OO.", se ha comprometido la portavoz ‘popular’ en la comisión, Carolina España, para quien las mejoras introducidas por esta regularización han sido "muy positivas", especialmente porque se trata de "uno de los colectivos que tradicionalmente han estado peor tratados desde el ámbito de la Seguridad Social".

La socialista Isabel López i Chamosa también ha expresado su acuerdo con las ideas aportadas por el representante sindical, aunque ha reiterado el argumento de que esta evaluación con tan pocos meses de aplicación de la nueva norma ha sido precipitada.

Finalmente, Carles Campuzano, de CiU, ha expresado su "satisfacción" por una norma que "permite mejorar la calidad del servicio que se ofrece a los empleados del hogar, mejorar la recaudación y aflorar parte de economía sumergida", aunque ha coincidido en la necesidad de simplificar los trámites o de estudiar posibilidades como recuperar la figura del autónomo en el sector, propuesta rechazada por el sindicalista porque "se transfiere la obligación a las empleadas del hogar, que son un sector con niveles salariales muy limitados".

También ha propugnado la aplicación de un tipo de IVA reducido o superreducido a los servicios del hogar, así como extender este régimen de cotización a otro tipo de empleos similares como el de jardinería, profesores de repaso o ayuda a la dependencia de baja intensidad. A este respecto, Bravo ha mostrado su disposición a estudiar estas ideas, aunque ha recordado las dificultades de incluir estas situaciones en un sistema con protección por desempleo.