La Defensora del Pueblo Mª Luisa Cava de Llano, ha abierto una investigación de oficio ante la Agencia Tributaria (AEAT), a raíz de conocer, a través de los medios de comunicación, la carta que dicho organismo ha enviado a miles de inquilinos reclamándoles el pago del importe de las rentas que abonan por su alquiler para saldar las deudas de sus caseros con el Estado.

Un comunicado emitido por la institución señala que según diversas informaciones publicadas, más de 90.000 personas se ven obligadas a dejar de pagar su alquiler al arrendador para ingresarlo mensualmente en las cuentas de la Hacienda Pública, hasta cubrir la cantidad adeudada por su casero.

El problema -según reza el comunicado-, radica en el formato de la carta remitida, una diligencia de embargo de créditos, que puede resultar de difícil comprensión para sus destinatarios, que podrían no alcanzar a comprender el origen de la diligencia ni el fin que persigue. Esta circunstancia podría estar obligándoles a dirigirse a las oficinas de la AEAT para ampliar información. Una molestia que, en opinión de la Oficina del Defensor del Pueblo, se podría evitar con la remisión de un escrito claro, razonado y accesible para los ciudadanos, en el que explique mejor el procedimiento de pago del alquiler.

Además, en el escrito se indicaba que se debe pagar al Tesoro Público, a través de bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito, utilizando el correspondiente documento de pago. Ello obliga a los inquilinos a acudir mensualmente a un entidad financiera para la realización del trámite. En este contexto y tal y como recuerda la Defensoría en el escrito remitido a la AEAT, la Ley General Tributaria recoge el derecho de los obligados tributarios a que las actuaciones de la Administración tributaria que requieran su intervención se lleven cabo en la forma que les resulte menos gravosa, siempre que ello no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Por último, la misiva enviada por Hacienda hace referencia a las consecuencias del incumplimiento, advirtiendo de la responsabilidad en la que pueden incurrir al responder solidariamente del pago de la deuda tributaria pendiente y, en su caso, del de las sanciones tributarias, incluidos el recargo y el interés de demora del periodo ejecutivo cuando procedan. Asimismo, se indica que el incumplimiento de las órdenespor el obligado al pago, así como la obstrucción o inhibición en la práctica de dichas órdenes, podrá dar lugar a la incoación de un expediente sancionador, sin perjuicio de las acciones penales que procedan.

Para la Oficina del Defensor del Pueblo, la falta de pago de la renta de arrendamiento no puede conllevar sanciones tributarias, sino que hay que ajustarse a lo previsto en el contrato y en la Ley de Arrendamientos Urbanos, que establece en su artículo 27 la exigencia del cumplimiento de la obligación o bien la resolución del contrato. Por ello, la Defensoría ha pedido a Hacienda que se modifique el formato de requerimiento para atenerse a lo dispuesto en la Ley y en el contrato. Distinto sería el incumplimiento del requerimiento en cuanto al embargo en sí mismo, esto es, que el inquilino continuara pagando la renta a su casero en lugar de a la AEAT.