Casi tres de cada cuatro españoles, en concreto el 72%, consideran que el fraude fiscal ha aumentado durante los últimos diez años, y sólo el 28% cree que se ha reducido, según el barómetro fiscal 2010 elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) y difundido este miércoles por el Ministerio de Economía y Hacienda.

El barómetro se basa en una encuesta anual, realizada mediante entrevistas personales a una muestra aleatoria nacional de 1.500 ciudadanos distribuidos en cinco segmentos (empresarios, agricultores, profesionales liberales, trabajadores asalariados e inactivos) y seleccionados por cuotas de hábitat, género, edad y categoría socioeconómica.

Tras un incremento progresivo y constante de la percepción de la reducción del fraude durante el quinquenio 1995-1999, dicha percepción ha bajado desde 2001, alcanzando en 2009 los niveles más bajos de la serie. Según el IEF, en 2010 parece iniciarse una tendencia alcista de quienes piensan que hay más fraude fiscal.

El 59% de los encuestados piensan que, aunque persisten los engaños a Hacienda e incluso casos de notorio incumplimiento fiscal, en general el pago de impuestos se realiza de un modo bastante correcto, frente al 41% que afirma que el fraude fiscal es una conducta generalizada entre los contribuyentes.

Los empresarios, con un 47% de respuestas, son el segmento de población que más considera al fraude fiscal como algo generalizado, seguidos de los asalariados (44%), los agricultores y profesionales (43% en cada caso) y los inactivos (37%).

El 61% de los entrevistados está convencido de que hay colectivos que evaden impuestos de forma habitual y continuada, frente a un 22% que no lo cree así. En opinión de los encuestados, tales colectivos son los empresarios principalmente, pero también los profesionales liberales y los autónomos, cuyas actividades están sometidas a un menor control por parte de la Administración.

De hecho, el 40% de los encuestados cita a los empresarios como los más defraudadores, el 19% a los profesionales liberales, y el 11% a los autónomos. El IEF ha constatado además en la encuesta 2010 un elevado número de menciones espontáneas a colectivos y sectores que no figuran en el listado propuesto, como la construcción, los políticos, los inmigrantes, la banca, los famosos, los parados y hasta los funcionarios.

Los empresarios, citados como los más defraudadores por los ciudadanos en general, hacen autocrítica en la encuesta, de tal forma que más de una cuarta parte de ellos opina que su colectivo es el que más impuestos evade. Casi la mitad de los inactivos y de los asalariados comparte esta opinión.

Por el contrario, el informe apunta que los asalariados son los más honestos porque, al estar controlada la parte más importante de sus ingresos mediante el sistema de retenciones salariales, tienen menos oportunidades para ocultar las rentas que deben declarar.

EL 37% DE LOS ESPAÑOLES JUSTIFICA EL FRAUDE.

El informe revela también que el 37% de los ciudadanos justifica, de una forma y otra, el fraude aludiendo a las circunstancias, que obligan a salir adelante (28%), y a que lo normal es evadir impuestos (9%). Este porcentaje ha descendido seis puntos respecto a la anterior encuesta, cuando los ciudadanos que justifican el fraude llegaban al 43%.

Por el contrario, el 63% de los españoles estima que el fraude fiscal no se puede justificar en ningún caso, ya que es una cuestión de solidaridad y principios. En este sentido, los españoles identifican la economía sumergida como el tipo de fraude más perjudicial para la sociedad en su conjunto, seguido del no ingreso de las retenciones de IRPF por parte del empleador y la no realización de la Declaración de la Renta.

El 40% de los ciudadanos encuestados menciona la disminución de recursos para hacer políticas públicas como el mayor efecto del fraude fiscal, mientras que el 22% denuncia las injusticias que crea y el 15% entiende que defraudar conlleva un incremento de la presión fiscal.

SÓLO EL 12% DE LOS CONTRIBUYENTES SE HACE LA DECLARACIÓN.

Según este informe, los hogares españoles han elevado la utilización de los servicios públicos con motivo de la crisis. Así, la encuesta constata que cada hogar ha recurrido al menos a cuatro servicios públicos durante 2010, siendo los más utilizados los servicios sanitarios (93%), las infraestructuras (89%) y los transportes públicos (80%).

El acceso universal a la oferta pública de servicios y prestaciones, especialmente a la sanidad, es uno de los aspectos mejor valorados por los ciudadanos, que, sin embargo, mantienen la percepción mayoritaria de que existe margen de mejora.

Asimismo, en relación a una posible participación de la iniciativa privada en la gestión o financiación de los servicios y prestaciones públicas, la mayoría de los españoles se muestra en contra.

Otros de los resultados del estudio se refieren a la imagen corporativa de la Hacienda Pública y señalan el 72% de los ciudadanos conoce los servicios de la Agencia Tributaria, pero sólo un 38% los utiliza.

Además, concreta que sólo el 12% de los contribuyentes cumplimentan por sí mismos sus declaraciones tributarias, mientras que el 50% recurren a una asesoría, el 22% a los servicios de la Agencia Tributaria y otro 16% a familiares, amigos o compañeros de trabajo.