El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, apuesta por que el nuevo sistema de cómputo de las cotizaciones de los trabajadores a tiempo parcial permita que éstos puedan acceder a una pensión de jubilación con menos de 15 años cotizados, pero con pensiones proporcionalmente inferiores a las correspondientes a los trabajadores a tiempo completo.

Según ha puesto de manifiesto durante su participación en la Comisión del Pacto de Toledo, estas cuestiones contarían a estas alturas con una gran cuota de consenso con los agentes sociales y, además, han sido vistas con buenos ojos por parte de la mayoría de los Grupos Parlamentarios.

Sin embargo, Burgos también ha apostado por, en paralelo, establecer complementos a mínimos proporcionalmente inferiores en el caso de los trabajadores a tiempo parcial, para garantizar, entre otras cosas, la viabilidad del sistema, lo que ha suscitado críticas entre los Grupos Parlamentarios.

Así pues, Burgos ha señalado en un primer momento que "quien ha trabajado por 200 y 300 euros no puede esperar una pensión contributiva de 600 euros (como un trabajador a tiempo completo)", pues llevaría al sistema de reparto de la Seguridad Social a una situación "más que complicada".

Asimismo, ha asegurado que ello supondría una "injusticia" para los trabajadores a tiempo completo, que habiendo trabajado más tiempo recibirían prácticamente la misma pensión.

Y más aún, si en el documento de propuesta trasladado por el Ministerio de Empleo a los agentes sociales y a los Grupos Parlamentarios se habla de realizar una "reflexión" sobre los complementos a mínimos, Burgos ha señalado a continuación que "no pueden ser la puerta de atrás para encontrar beneficios desproporcionados respectos a los trabajadores a tiempo completo" y ha apostado por que se plieguen a un principio de "proporcionalidad". "No tiene por qué ser una proporcionalidad directa, se puede plantear una corregida o modulada", ha añadido.

Según ha concreto, los complementos a mínimos actualmente establecidos hacen que una persona que haya cotizado cinco años, con una base reguladora de unos 600 euros, pueda acceder por sus propios medios a una pensión de 151 euros, que ascienda tras ser completada hasta los 513 euros.

Burgos ha señalado que "la ampliación de un derecho es un objetivo loable, pero no debe llevar discriminaciones ni tratos injustos", a lo que ha añadido que "la ampliación desproporcionada de derechos sin atender a los fundamentos del sistema sólo puede introducir daños irreparables en el mismo".

"Es necesaria una solidaridad posible y defendible. El sistema no puede estirarse hasta extremos imposibles. A todos no gustaría tener un sistema capaz de ofrecer de todo a todos, pero no es el tiempo que nos ha tocado vivir", ha sentenciado.

Por otro lado, el secretario de Estado también ha avisado de los "mensajes equívocos" que se pueden lanzar si no se mantiene la proporcionalidad entre las cotizaciones y las prestaciones. "La señal que mandaríamos si no lo hiciéramos es que da lo mismo cotizar que no cotizar", ha añadido.

Propuesta

Tras estas explicaciones, Burgos ha asegurado que después de diferentes reuniones con los agentes sociales, y antes de que se debata su propuesta en el Pacto de Toledo, se han producido coincidencias en "elementos fundamentales" y "hay margen para la aproximación.

Hasta ahora, para causar derecho a las pensiones de jubilación e incapacidad permanente, al número de días teóricos de cotización obtenidos se le aplica el coeficiente multiplicador de 1,5, resultando de ello el número de días que se considerarán acreditados para la determinación de los períodos mínimos de cotización. Este sistema ha dejado fuera del derecho a una prestación a muchos trabajadores a tiempo parcial.

Según esta propuesta, se reduce el periodo mínimo de cotización para los trabajadores a tiempo parcial para acceder a una pensión, de forma que ya no será de 15 años.

En concreto, se ajustará a un coeficiente de parcialidad que acrediten los trabajadores a lo largo de toda la vida laboral. Este coeficiente se corresponde al porcentaje de parcialidad de la jornada con respecto a la del tiempo completo.

Por ejemplo, si un trabajador tuviera un coeficiente de parcialidad del 50% (su jornada laboral fuera la mitad de la completa), el periodo mínimo de cotización que tendría que acreditar para la jubilación no sería de 15 años sino 7,5 años. Asimismo, si este coeficiente fuera del 10%, la carencia necesaria sería de 1,5 años.

Ello permitiría que un mayor número de los trabajadores a tiempo parcial tuvieran acceso a la jubilación, tal y como persigue la sentencia del Tribunal Constitucional. "Queda más que colmada la principal motivación de las sentencias", ha dicho.

En cuanto al cálculo de la base reguladora, el informe plantea el mismo que hay ahora, es decir, el promedio de las bases de cotización del interesado correspondiente a los 16 años (en 2013) inmediatamente anteriores al hecho causante.

A esta base reguladora se le aplicaría un tanto por ciento en función de los años cotizados que dará como resultado la cuantía de la pensión. Según Burgos, Empleo ha acordado con los agentes sociales en este punto, partir del periodo mínimo de cotización del trabajador al que se le aplicará un 50% sobre la base reguladora.

Urge a aprobar con celeridad el nuevo sistema

Por otro lado, Burgos ha urgido a los Grupos Parlamentarios a darse prisa en la aprobación de este nuevo sistema para evitar mayores distorsiones en el reconocimiento de las pensiones.

Según ha explicado, la Seguridad Social mantiene bloqueados más de 800 expedientes de solicitud de prestación por jubilación, incapacidad permanente y subsidios de trabajadores a tiempo parcial, que con la regulación actual serían denegados, a la espera de contar con una nueva normativa que permitan resolverlo afirmativamente.

Sin embargo, los Grupos Parlamentarios le han echado en cara que les trasladara la propuesta un día antes de la comparecencia y le han transmitido su deseo de contar con una documentación más concreta y con el tiempo necesario para su tramitación.

"El tiempo no debe impedir el consenso y el acuerdo", le ha dicho el portavoz de CiU, Carles Campuzano, del mismo modo que la portavoz del PSOE, Isabel López i Chamosa, le ha mostrado su "voluntad de negociación", pero le ha pedido "el tiempo necesario para ello".

Por otro lado, la mayoría de los grupos, aunque han considerado que la propuesta va bien encaminado, han concretado sus críticas en la posibilidad de reducir los complementos a mínimos para los trabajadores a tiempo parcial.

Según López i Chamosa, estos complementos son financiados por los Presupuestos, con lo que no deben someterse a ningún principio de contributividad, mientras que el portavoz de la Izquierda Plural, Joan Coscubiela, ha instado a que en ningún caso sean inferiores a la paga asistencial.

Del mismo modo, la portavoz del BNG, Olaia Fernández, ha alertado de que de esta manera "se plantea un nuevo concepto de pensión mínima", mientras que desde el PNV, Emilio Olabarría, ha avisado de que una decisión en este sentido "provocará dificultades jurídicas".