Tras su paso por el Consejo de Ministros este trabajo, que las mismas fuentes calificaron de "acercamiento", será presentado en la Comisión del Pacto de Toledo, que podría reunirse la próxima semana.

El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ya ha puesto de manifiesto en varias ocasiones que la figura de la jubilación parcial no está cumpliendo su función originaria de transmisión de conocimientos y en la práctica se ha utilizado exclusivamente como "una forma privilegiada de jubilación anticipada" en la que los costes son asumidos por la Seguridad Social.

Según datos de la Seguridad Social, el sistema sostiene a 121.000 personas jubiladas de forma parcial, con una pensión media de 1.585,5 euros, lo que supone un gasto de 2.704 millones de euros.

Por otro lado, el secretario de Estado de Seguridad Social también ha puesto de manifiesto que casi una de cada dos jubilaciones tiene carácter anticipado.

Con estas cifras en la mano, Burgos indicó en la última rueda de prensa del paro que es preciso "reducir numéricamente el impacto de las jubilaciones anticipadas y cualitativamente el de la jubilación parcial". Si bien, dejó claro que las modificaciones que se introduzcan en ambas figuras "no se configurarán como recortes, sino como una reconfiguración".

"Se trata de generar una cultura de continuidad en la actividad", indicó, para añadir que los cambios que se introduzca irán ligados a otros como la posible compatibilidad entre salarios y pensión, y dejar claro que, en cualquier caso, "es muy difícil conseguir un impacto inmediato".