La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, advirtió hoy en el Congreso de los Diputados que con la futura la Ley de Mutuas de la Seguridad Social "ganarán los trabajadores, las empresas y el propio sistema de la Seguridad Social".

Fátima Báñez, que comenzó así su intervención en el debate de totalidad del proyecto de ley, afirmó que se trata de una reforma pensada para los potenciales trabajadores que pueden verse afectados por una incapacidad temporal –casi 15 millones- y que van a verse beneficiados por una mejor atención, diagnóstico y tratamiento, y una simplificación de los procesos.

A juicio de la ministra de Empleo y Seguridad Social, esta Ley permitirá que ganen en calidad, utilidad y eficiencia un conjunto de prestaciones y no solo la incapacidad temporal. "Simplificará trámites y reforzará los controles y la fiscalización de los recursos públicos", añadió Fátima Báñez.

La ministra destacó también en la Cámara Baja el intenso proceso de diálogo con los agentes sociales y otros colectivos que ha hecho posible alcanzar el consenso en el proyecto de Ley de Mutuas.

En esta línea explicó que "las Mutuas pueden hacer más en la labor de adaptación de los puestos de trabajo a personas que han tenido una discapacidad sobrevenida como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad, y este Proyecto abre esa posibilidad, cuestión que ha nacido del diálogo con el sector de la discapacidad".

El proyecto de ley, según dijo Fátima Báñez, vuelve a establecer un límite a la reserva de las mutuas, lo que significa que estás no crezcan indefinidamente y puedan destinarse los excedentes a nutrir los diferentes fondos de la Seguridad Social. "La reforma también permitirá determinar nuevos fondos excedentarios, como por ejemplo a las actividades del I+D+i, tanto a favor de mejoras en tratamientos terapéuticos y rehabilitadores de patologías originadas por accidentes de trabajo como para el apoyo en la recolocación de las personas con discapacidad", matizó Báñez.

Prestación por incapacidad temporal y por cese de actividad

En cuanto a la prestación por incapacidad temporal, Fátima Báñez, informó de que la nueva normativa pretende resolver el problema de la demora en la contestación a las propuestas de alta de las mutuas por parte de los servicios públicos de salud o incluso la no contestación. "La garantía de que la salud del trabajador prevalece sobre cualquier otra consideración es uno de los elementos definitorios de este proyecto de Ley", aseguró la ministra, quien recalcó que "la capacidad de decisión sobre el alta del ciudadano siempre radicará en el médico del servicio público."

La ministra de Empleo y Seguridad Social explicó que la nueva gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes se centrará en que las mutuas se incorporen al control y al seguimiento de la prestación desde el primer día de la baja; que cuando la mutua considere que el trabajador está en condiciones de ser dado de alta podrá hacer una propuesta de alta a la inspección médica y que dicha propuesta debe ser comunicada también al INSS y al propio trabajador.

La nueva normativa que defendió Fátima Báñez afectará además a la regulación del cese de actividad de los trabajadores autónomos. "Se mejora el acceso de aquellos autónomos que cotizaban y no podían cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente para beneficiarse de la prestación", afirmó la ministra.

De esta manera, la prestación "se adecúa claramente a las necesidades del sector de los trabajadores por cuenta propia y hace más factible su utilización pues, entre otros aspectos, se flexibiliza el cumplimiento de los requisitos hasta ahora exigidos".

Gobernanza y transparencia

La titular de Empleo y Seguridad Social finalizó su intervención hablando de la gobernanza y la transparencia de las mutuas, haciendo especial hincapié en la responsabilidad directa de sus directivos y en la limitación de sus retribuciones, así como en la importancia de publicar anualmente la memoria económica financiera y de gestión de las mismas.

Fátima Báñez recordó, por otra parte, los 9.000 millones de euros que gestionan las mutuas en cuotas a la Seguridad Social y se remitió a las manifestaciones del presidente del Tribunal de Cuentas en su comparecencia ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, en donde aseguró que el proyecto de Ley que presenta el Gobierno es oportuno y resuelve las deficiencias detectadas por el organismo en sus fiscalizaciones y requiere una legislación sistemática y coherente.