Báñez, que ha dado esta cifra durante su comparecencia en la Comisión de Empleo del Congreso, ha señalado que se quedarán fuera de esta medida los que no lleguen a superar los seis meses de prestación por no tener derecho a más tiempo de cobro y los que encuentren un empleo antes de llegar al séptimo mes, así como quienes se vean afectados por los topes mínimos y máximos de la prestación.

La ministra ha aprovechado su comparecencia en el Congreso para lanzar un "mensaje de tranquilidad" a los ciudadanos y a los más de cinco millones de desempleados, de los que ha dicho que son la principal "preocupación y ocupación" del Gobierno.

Báñez ha recordado que los desempleados que están cobrando ya la prestación no se van a ver afectados por esta medida, pues sólo afectará a los nuevos perceptores. "Sólo cambiará la situación para los nuevos beneficiarios y a partir del séptimo mes de prestación", ha recalcado.

La titular de Empleo ha dicho además que su "segundo mensaje" a la sociedad española es que no se reduce la duración máxima de la prestación, que se mantiene en 24 meses.

Durante su comparecencia, Báñez ha repasado las principales medidas relacionadas con su Departamento incluidas en el último paquete de ajustes antidéficit del Gobierno. La ministra ha indicado que se trata de "medidas muy reflexionadas" y que se han seleccionada "adecuadamente", frente a otras alternativas, que eran peores para los ciudadanos.

Sobre la reforma que se ha operado en los subsidios por desempleo, Báñez ha dicho que con las medidas adoptadas, como la de situar a partir de 55 años el acceso al subsidio por desempleo (antes 52 años), se intenta racionalizar los gastos, manteniendo la estructura básica de la protección.

"En el sistema vigente había ineficiencias y lo que hace el Gobierno es reconducir estos subsidios a su verdadera naturaleza", ha dicho la ministra, que ha recordado que el subsidio, en sus orígenes, iba dirigido a los mayores de 55 años, aunque posteriormente se rebajara la edad de acceso a los mayores de 52 años.

Báñez ha subrayado que entre 1999 y 2008 había un superávit de más de 35.000 millones de euros en relación con el gasto en desempleo, pues se ingresaba más por cotizaciones que lo que se gastaba. "Sin embargo, en sólo tres años, 2010, 2011 y 2012, se ha producido un déficit de más de 32.000 millones de euros, "una deriva insostenible" que, según la ministra, debe solucionarse.

"El Gobierno es sensible a los ciudadanos"

Báñez ha justificado la supresión de la mayor parte de las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social en su falta de utilidad y los cambios operados en el Fogasa en la necesidad de recuperar la sostenibilidad del organismo.

La ministra ha hecho también un repaso de las medidas sobre Seguridad Social contempladas en el decreto de ajustes y ha recordado que la intención del Gobierno, ya avanzada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es llevar al Pacto de Toledo dos informes: uno relacionado con la racionalización de las jubilaciones anticipadas y otro relativo al factor de sostenibilidad del sistema de pensiones, que Báñez ha dicho que quiere definir y poner en marcha con "el mayor consenso político y social".

La titular de Empleo ha asegurado que el Gobierno hará compatible la rebaja de las cotizaciones sociales anunciada por el Ejecutivo para 2013 y 2014 con el compromiso de separar las fuentes de financiación de la Seguridad Social, a lo que ayudará, ha dicho, los 6.683 millones de euros que aportará el Estado al sistema en los Presupuestos del próximo año.

La ministra ha afirmado que el Gobierno "entiende perfectamente" que estas medidas puedan generar "inquietud y preocupación" entre los ciudadanos, pero se ha mostrado convencida de que van a dar resultado.

"Este Gobierno entiende y escucha las preocupaciones y reivindicaciones de los ciudadanos y no se muestra insensible", ha señalado Báñez, que ha añadido que las "obligaciones" de España hacia sus socios europeos "no se ha producido por generación espontánea", sino que se enmarcan en el procedimiento de déficit excesivo que Bruselas abrió a España por el descuadre de las cuentas a partir de 2008.